Consideraciones intempestivas sobre la situación actual de la Educación en España

Cuando el rey Ptolomeo I le preguntó a Euclides si había un camino más corto para aprender Geometría, este le contestó: “No hay caminos reales para aprender Geometría”. Algunos alaban el hecho de que así estableció Euclides que el conocimiento de las matemáticas no depende de la condición de rey. Sin embargo, cuando se trata es de tener un título, está claro que en España existen caminos reales para la Geometría. Algunos argumentan que Euclides quería decir que siempre es necesario someterse a una rigurosa disciplina. No obstante, si se trata de tener un título aunque sea por la “Universidad de Osuna”, en España es claro que sigue habiendo caminos reales. No obstante, discrepo de aquellos que usan la anécdota para indicar que para iniciarse en un conocimiento no caben métodos diversos, o que sea irrelevante la pericia del enseñante. Sin esos caminos “reales” no existiría la educación. Y el buen profesor es el que sabe que hay caminos más seguros y eficaces y otros menos adecuados para el aprendizaje, y que a veces métodos más amables pueden ayudar al aprendiz, como recordaba Tito Lucrecio Caro, quien echó mano de la poesía para desarrollar su cosmología atomista, con el fin de hacerla más asequible a quien quisiera conocerla, y así lo reconoce al inicio de su gran obra cuando dice: “pero tu virtud, Memio, sin embargo, y el placer cierto de amistad suave me inducen a sufrir cualquier trabajo y a velar en la calma de las noches, buscando de qué modo y con qué verso pueda en tu mente derramar las luces que todos los secretos te descubran.”

Si no hubiera métodos diferentes, modos más o menos eficaces de aprender, no sería necesaria la profesión del maestro. No todos los profesores son igualmente eficaces y la lucha de los profesores por mejorar las estrategias de enseñanza es una lucha legítima y conmovedora. No así la de aquellos políticos que desconfiando de los maestros, prefieren legislar neutralizando la eficacia de dichos métodos educativos, al disolver los necesarios y legítimos objetivos de la educación: clasificar en función del mérito.

1. La presencia inevitable de los procesos educativos que desde la prehistoria han permitido a los seres humanos sobrevivir y multiplicarse es una evidente prueba del carácter materialista de la educación. Pues la educación pone en cada uno destrezas y conocimientos que no tenía. No se extrae del individuo particular aquello que ya lleva dentro, aunque lo diga Píndaro, sino que debe ser introducido, por así decir, desde fuera, del contexto social, material, cultural, que rodea y envuelve al individuo. La prueba más macabra es el fenómeno de los niños llamados salvajes. Aislados y sometidos a un entorno previamente no organizado por los humanos, aislados de lo que Bueno ha llamado el “espacio antropológico”, el individuo humano se convierte en una fiera más. Experimentos como el del rey egipcio Psamético I, que narra Heródoto, en el que se pretende determinar cuál habría sido el primer idioma humano, encerrando y aislando a dos niños con un pastor que tenía la orden de no comunicarse con ellos, sólo nos puede conducir a la aparición de un lenguaje propio de primates, genérico, porque lo característico del lenguaje humano es que empieza a serlo cuando se dan diferentes idiomas, en diferentes grupos, lo cual acontece porque en cada sociedad los nacidos aprenden el idioma de sus mayores. Lo que permite traspasar a los hombres los límites de su condición animal es el proceso de adquisición de un idioma que ya no está en su naturaleza, por así decir, que no puede nacer espontáneamente de su aparato fonador.

Frente a las tesis de Chomsky que defiende la existencia “kantiana”, trascendental, de una “gramática generativa” profunda, bastaría decir con Bueno que es la propia estructura del aparato fonador humano la que le permite al hombre generar materialmente un número prácticamente infinito de combinaciones sonoras posibles, de las cuales sólo ciertos y limitados tramos son utilizados como idiomas entre distintos pueblos. Sólo mediante procesos de aprendizaje es posible delimitar y recortar de esa infinitud de sonidos, aquellos que en un grupo humano determinado configuran una lengua. Ello no obstante, no indica que se trate de convencionalismos absolutos, porque como Bueno ha defendido, tomando como referencia las tesis de Platón en el Cratilo, los idiomas no se pueden entender al margen de las operaciones humanas. Recientemente, el escritor Pedro Olalla ha publicado un extraordinario libro, Palabras del Egeo, en el que, siguiendo a Platón, se pone de manifiesto cómo las palabras asientan su significado en sonidos unidos a acciones elementales, onomatopeyas y metáforas: “en esta vieja lengua [habla del griego], los nombres de las plantas, de los animales, de las cosas, encierran, todos, un remoto sentido: no son convencionales, sino significantes, portadores de una razón de ser”. Precisamente la vinculación de los sonidos con la propia naturaleza de las cosas, y de las operaciones manuales, permite un entendimiento relativo entre las distintas lenguas, además de las genealogías propias de las lenguas y de la complejidad relativa de cada una en su contexto cultural material.

En sus orígenes, el alcance de los aprendizajes etológicos de los humanos está determinado por factores evolutivos y biológicos propios de la naturaleza humana. Bermúdez de Castro (El chico de la Gran Dolina, Crítica, Barcelona 2002),  y Juan Luis Arsuaga (“Elvis, la pelvis”, en El collar del Neandertal, Temas de hoy, Madrid 1999), del equipo de investigadores de Atapuerca, han mostrado que por razones evolutivas precisas la cría humana tiene que desarrollar una parte importante del proceso de maduración del cerebro y el cráneo fuera del útero materno, lo que alarga en varios años la dependencia de las crías con respecto a sus progenitores. Esta circunstancia impone las condiciones mínimas para convertir el aprendizaje de las destrezas operatorias de los grupos humanos sobre el terreno en un factor decisivo para la supervivencia y transformación de esos animales humanos, y para la acumulación efectiva de una masa crítica material objetiva de instituciones culturales, que habrían conducido a la configuración de lo que Bueno ha llamado el “espacio antropológico” y a la consiguiente separación entre el mundo animal y humano.

2. Hasta la aparición de los estados, en el Paleolítico y durante el Neolítico, la educación no tendría otro objetivo que consolidar y asegurar la supervivencia mediante el aprendizaje de las destrezas y procesos que permiten sostener modos de vida basados en la explotación de los recursos de un modo precario y más o menos incierto, sostener las tradiciones del grupo, y su propia historia. En términos del espacio antropológico, esa educación consolidaría procesos de moldeamiento del medio entorno, explotación, conocimiento del terreno, identificación de señales, etc.; también orientaría la relación con los animales y la caza, y asimismo recogería las tradiciones, relatos, y ceremonias rituales, idioma y costumbres, formas de parentesco, etc.

Esa educación originaria se complica con la división del trabajo y el aumento de la complejidad de las sociedades, sobre todo a partir de la aparición de los estados. La división del trabajo conduce a la especialización en distintos oficios y profesiones, cuyo aprendizaje resulta esencial para perpetuarse y perfeccionar los procesos productivos. En medio de todo ello aparece la escritura, un modo particular de fijar la información y organizar la sociedad basada en la presencia de un poder político que por su naturaleza comienza gestionando los conflictos entre grupos divergentes a partir de la totalización realizada por alguno de ellos. Debido a la acumulación de significantes diferentes para configurar las realidades fenoménicas circundantes, el uso de cientos de signos, se produce aquí la aparición de un modo especial de aprendizaje, una especie de hipertrofia de los procesos naturales de aprendizaje adquiridos en la sociedad, me refiero a la especialización radical de esta tarea en la figura de los escribas, esos gremios de funcionarios conocidos tanto en Mesopotamia como en Egipto.

Por la propia naturaleza de sus operaciones, este modelo de enseñanza de los escribas ya pone las bases de lo que serán las escuelas, pues ya en Mesopotamia se tiene constancia de espacios destinados al aprendizaje de los escribas, que tienen la forma característica de las aulas. Sin embargo no lo son, en cuanto a su alcance universal, porque aquí sólo se forma a un gremio especializado.

3. Hay dos procesos que confluyen en la aparición de la escuela entendida no como institución gremial, sino como institución “pública” en un sentido más cercano al que le damos actualmente: por una parte, el desarrollo de las técnicas de escritura que conduce hacia la escritura alfabética, y por otro, la acumulación sistemática de todos los conocimientos en los distintos soportes que atesoraban la palabra escrita. Hasta ahora se ha atribuido siempre ese gran invento de la escritura alfabética a los fenicios allá por el siglo IX antes de Cristo. No obstante, la lectura del enjundioso libro de Pedro Olalla, Palabras del Egeo, publicado este año por Acantilado, ofrece argumentos contundentes para suponer que tal innovación podría proceder de Grecia, y que se remonta en el tiempo, por numerosas razones que el autor allí ofrece, mucho más allá del siglo IX antes de Cristo: “muy probablemente, todos los sistemas de escritura de los que hemos hablado hasta ahora están relacionados, en el fondo, con un remoto y aún poco conocido inventario de signos que, por lo que parece, empezó a dispersarse por el Egeo, la península del Hemo, Creta, Chipre, Anatolia, Levante, Egipto y Mesopotamia… ¡Hace ya ocho milenios!”

La escritura alfabética no solo hace posible registrar prácticamente la totalidad de la vida en las sociedades humanas de un modo particularmente claro y distinto, si no que permite universalizar esa misma técnica desde la infancia. Los griegos fueron los primeros que sacaron partido de esta técnica revolucionaria. Esa transformación –el paso del mito al logos, según la fórmula tradicional historiográfica- que comienza en Grecia es la que fragua la institución de la escuela, el lugar donde los niños adquieren las destrezas necesarias para escribir y leer el griego, comprender las leyes escritas en los muros de piedra a la entrada de las ciudades y convertirse en ciudadanos. La nueva escuela de la que hay registros arqueológicos incluso en Etruria, donde se encontró una tablilla del siglo VII antes de Cristo con la que alguien aprendió a escribir en griego, recoge la estructura de las escuelas mesopotámicas de los escribas, pero los griegos, en virtud de la simplificación alcanzada con la escritura alfabética, universalizan la escuela en las polis, contratan a los maestros y construyen escuelas, organizan el proceso de enseñanza en tramos, como hacemos nosotros, y más o menos, dejan sentadas las bases de lo que será la escuela en occidente hasta la actualidad. En el año 411 antes de Cristo declara Aristófanes: es imposible encontrar a algún griego que no sepa leer o nadar.

Muchos de los seguidores de las simplificaciones marxistas de la historia en lo tocante al modo de producción esclavista se negarán a reconocer la función de las escuelas en la Grecia antigua, sin embargo, un mínimo repaso por el libro de H. Marrou de 1948, Historia de la educación en la antigüedad, editado en Akal en 2004, nos liberará finalmente de ese formalismo anti-histórico. Nunca olvidaré la historia del joven José Miguel Galé, avilesino, que marchó a Madrid para hacer una tesis doctoral sobre los hallazgos arqueológicos de El Fayúm referentes a la educación, pues en aquel milagroso vertedero se encontraron cantidades ingentes de materiales escolares desechados por los estudiantes del Egipto helenístico posterior a la conquista de Alejandro. Sus investigaciones, recogidas en su embrionario libro, le permitieron determinar con bastante precisión cómo transcurría el proceso educativo, qué materiales utilizaban y cómo iban progresando año tras año y complicando el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, con fragmentos de Homero, Hesíodo, Píndaro, y otros autores clásicos.  La prematura muerte impidió al investigador José Miguel Galé culminar su tesis doctoral, aunque nos queda su breve libro, una muestra del profundo arraigo social que alcanzó la escuela en tiempos del conocido como modo de producción esclavista: José Miguel Galé, Las escuelas del antiguo Egipto a través de los papiros griegos, Fundación Universitaria Española, Madrid 1961. Marrou señala que durante el Impero Romano, la enseñanza escolar era algo tan cotidiano que podían encontrarse escuelas en los lugares más insospechados del imperio, como la encontrada en una perdida aldea minera en las lejanas tierras de Lusitania.

4. He señalado en otras ocasiones la conmovedora historia de la evacuación de Atenas en tiempos de la invasión persa dirigida por el rey Jerjes. En vísperas de la batalla de Salamina y habiendo decidido Temístocles la evacuación de Atenas, mujeres y niños atenienses fueron acogidos en la ciudad de Trecén, cerca del lugar actual del teatro de Epidauro, al este del Peloponeso. La primera decisión que tomaron los trecenios fue organizar y financiar una escuela para los niños atenienses. O el caso recogido por Plutarco, del atleta quionio que perdió la razón y derribó una escuela en Quíos donde murieron cerca de cien niños. La vida cotidiana se abría paso con una realidad tan sencilla y cotidiana como la de que los niños iban a la escuela a aprender a leer y escribir, a cantar y a tocar instrumentos musicales.

A medida que la escritura comienza a registrar todas las franjas de la realidad, la escuela se transforma en el camino a través del cual un individuo recorre y reconoce los saberes cifrados por la escritura. Creo que a eso se refiere Jaeger en su monumental obra, Paideia. La idea de que el mundo griego se configura a sí mismo como un mundo basado en la educación. Esa cosmovisión ha fraguado la historia de occidente, y es, sin duda, nuestro propio mundo. Tan central era la educación para los griegos como lo es hoy para los españoles, herederos directos de esa civilización. Cuando Jaeger se adentra en el estudio del nacimiento de la educación en Grecia, lo hace fundamentalmente para restaurar el sentido de la educación en el presente. “Todo futuro humanismo debe estar esencialmente orientado en el hecho fundamental de toda la educación griega, es decir, en el hecho de que la humanidad, el “ser del hombre” se hallaba esencialmente vinculado a las características del hombre considerado como un ser político. Síntoma de la íntima conexión entre la vida espiritual creadora y la comunidad, es el hecho de que los hombres más significativos de Grecia se consideraron siempre a su servicio.” Como dice Pedro Olalla, “Al fin y al cabo, lo que hace grande a una cultura es su capacidad de mejorar y de influir sobre las otras; y, en el caso de esta enorme civilización que encontró su expresión en la lengua que llamamos griega, dudo que sus incuestionables logros y su gran influencia sobre otras hubieran llegado alguna vez a producirse sin la ayuda silenciosa y tenaz de la escritura.”

Precisamente allí en Grecia surgió el gran debate sobre el fin de la educación: ¿Es la educación para el Hombre, o para el Ciudadano? La respuesta en el Protágoras de Platón, a través de la crítica de Sócrates, es que sólo se puede ser hombre si se es ciudadano, y sólo tiene sentido la formación del ciudadano cuando en su configuración se trascienden los límites del estado hacia lo universal. Puede parecer paradójico que la verdadera educación del ciudadano sea conducirlo a un grado tal de elevación de lo humano que trascienda la polis en la que necesariamente debe ser integrado, pero ese es el sentido de la educación y el principal de los problemas y confusiones.

En la actual y nefasta ley educativa española, la LOMLOE, se omite cualquier referencia política centrada, se renuncia a la formación política de los ciudadanos españoles, y se pretende que la educación está orientada a la conformación de ciudadanos del mundo. Absurdo, porque no existe ciudadanía más que en los estados, y las leyes que rigen el mundo más allá de los estados son las leyes del más fuerte, como diría Trasímaco o Hobbes. El derecho internacional sólo sirve para gestionar la victoria y la derrota en esa lucha constante de todos los estados entre sí. Se pretende construir, forzando las metáforas con ilusos deseos, ciudadanos del mundo sin atender a la necesaria conformación real y verdadera de los ciudadanos en España. No cabe, en rigor, aspirar a una idea de hombre elevada por encima de sus determinaciones particulares sin una previa conformación del individuo como ciudadano de una nación. Porque sólo desde las naciones políticas reales, sólo desde las plataformas políticas efectivas, tienen los hombres alguna fuerza real para hacer posible la aspiración de alcanzar los ideales emancipatorios que, por supuesto, tienen carácter universal. Y sólo desde los estados es posible para los hombres defenderse de las amenazas misantrópicas de los poderes trasnacionales.

5. Contemplada la educación desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se observa claramente que el sistema educativo debe estar orientado a la conservación de la fortaleza de los estados en medio de esa lucha recurrente. Así lo vio Platón en La República, cuando requería la preparación de los ciudadanos para fortalecer la eficiencia de los procesos productivos, defensivos y organizativos del estado frente a otros. Lo paradójico es que cuanto más se fortalece el estado por la formación de sus ciudadanos, más instrumentos recibe el ciudadano para que en virtud de ellos mismos trascienda, por así decir, las fronteras de los estados. Y en esto consiste, seguramente, el “ideal griego de la formación humana”, de la Paideia: “Y en forma de paideia, de “cultura”, consideraron los griegos la totalidad de su obra creadora en relación con otros pueblos de la Antigüedad de los cuales fueron herederos. Augusto concibió la misión del Imperio romano en función de la idea de la cultura griega. Sin la idea griega de la cultura no hubiera existido la “antigüedad” como unidad histórica ni “el mundo de la cultura” occidental.” Jaeger afirma que con los griegos se establece por primera vez, de manera consciente, “un ideal de cultura como principio normativo”.

La razón de esta paradoja entre la formación del ciudadano y del hombre estriba en que ese ideal de ciudadano se produce por la propia naturaleza de los conocimientos que se transmiten a través de la educación. En cierto modo, en esto consiste la “posición revolucionaria y señera de Grecia en la historia de la educación humana”, como dice Jaeger. Porque los conocimientos a los que aspira el mundo griego son universales, al igual que los valores que los guiaban: la verdad, la justicia, el bien, la belleza, la sabiduría: “El conocimiento de sí mismos, la clara conciencia de lo griego”. Según Jaeger, el fin siempre presente en que descansaba la vida de los griegos era “la formación de un alto tipo de hombre[…] La educación representaba el sentido de todo humano esfuerzo”. El Imperio romano siguió esta misma senda, y lo mismo ocurrió con el Cristianismo, sobre todo a través del Imperio español y su idea de la Hispanidad, encarnada en la figura de Jesucristo, un nuevo Sócrates, sin lugar a dudas, aunque el nuevo reino estuviera en “este mundo”. Aquellos principios nacidos en Grecia y cristalizados en los derechos humanos, y en el desarrollo de las ciencias deben seguir conformando el núcleo de la educación de los estados modernos.

España, como estado resultante del Imperio español, tiene las condiciones más firmes para profundizar en ese arraigo de la paideia griega. Y lo ha hecho, sin lugar a dudas. No sólo en tiempos pasados, con instituciones tan extraordinarias como la Universidad de Salamanca, o la de Alcalá de Henares, modelo de todas las universidades americanas, sino también después de la invasión napoleónica, con el advenimiento del estado-nación. En el siglo XX, el proyecto educativo más vanguardista y audaz, precisamente por su carácter nacional, fue, sin lugar a dudas, la red de Universidades Laborales creada entre los años 50 y los años 90, cuando finalmente el proyecto se terminó, en gran medida disuelto entre el resto de los centros educativos públicos que actualmente vertebran el sistema educativo en toda España. En cierto modo, estas Universidades Laborales fueron la vanguardia de los cambios que han conducido a la extraordinaria universalización de la red de centros públicos que hoy vertebra toda la nación.

6. Es altamente saludable que nadie se dé por satisfecho con el actual sistema educativo, ni con respecto a sus medios y alcance, ni con respecto a su estructura y proceder. En general son discusiones de alcance corto, coyunturales, y tienen que ver con muchas de las particularidades de las actuales leyes de educación en las que procuraré entrar muy brevemente. Más allá de las coyunturas actuales, sin duda el principal problema estructural del sistema educativo español está en la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas. Porque esta transferencia no se hace solamente en términos administrativos, lo que desde luego es absolutamente necesario, sino en términos de la conformación del sentido de la educación.

El modelo autonómico funciona como si España, como estado construido a lo largo de los siglos, sirviera de molde sobre el que cada comunidad autónoma opera construyendo un pequeño estado, replicación inútil y muy costosa en términos políticos, económicos y sobre todo morales. La búsqueda de una gestión más eficaz y cercana no debe suponer la entrega de las instituciones estatales, y su instrumentalización al servicio de los planes de partidos políticos secesionistas, porque esas instituciones son de todos los españoles.

Conviene reducir el porcentaje de contenidos que cada comunidad autónoma puede introducir en el currículo que debe formar a todos los españoles. Hay que tener en cuenta que las tergiversaciones históricas que se fomentan con organizaciones como “galeusca” no buscan más que deteriorar el prestigio de la nación. Las ideologías independentistas que animan estas tergiversaciones no solo son perniciosas por su voluntad de secesión, sino porque para legitimarse deben atentar contra el principio de la verdad científica. El sistema educativo español no puede permitirse semejantes manipulaciones.

Considero también necesario, como respuesta al fenómeno de la dejación de competencias por parte del estado, restablecer el uso del idioma español como lengua vehicular en la enseñanza pública. A lo sumo, el sistema educativo debe contemplar el conocimiento de los idiomas regionales, pero no la cooficialidad, porque es una fuente inagotable de conflictos. Podría permitirse, en todo caso, que las comunidades autónomas que pretendan una aculturación alternativa en un idioma regional, que puedan construir sus propios centros educativos alternativos, pero no aprovechar la red de centros públicos del estado. O bien, cabría la posibilidad de centros privados con esos idiomas, pero no los centros públicos de la nación. Porque puede ocurrir que las familias pudientes envíen a sus hijos a centros privados donde se enseña en español o en idiomas nacionales alternativos como el alemán, o el inglés, o el francés, mientras que las familias que ahora se llaman “más vulnerables” se vean obligadas a afrontar para sus hijos un sistema escolar público totalmente plegado al servicio de ideologías secesionistas, y sometido a la imposición de un idioma regional que cercena y limita las posibilidades de aprendizaje y formación personal de los españoles. Hablamos de sistemas educativos regionales que aunque luchan contra el acoso escolar, sin embargo aceptan de buen grado el acoso ideológico y la exclusión social contra aquellas familias que quieren legítimamente una enseñanza en español para sus hijos, como ocurre en algunas regiones españolas actualmente.

La escuela pública española debe cuidar la enseñanza en español. Nuestra lengua es un tesoro demasiado importante para menospreciarlo con argumentos ideológicos mezquinos. Es una condición básica, estructural, fundamento mínimo para garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades en toda la nación. El idioma común no es una superestructura de dominación, ni los idiomas regionales son estructuras de emancipación, antes al contrario.

7. Con respecto al sistema universitario, el problema adquiere dimensiones verdaderamente escandalosas. Hace apenas 30 años todos los estudiantes que hubieran superado la selectividad tenían acceso a cualquiera de las carreras que ofrecía el sistema público universitario en España. Hoy por hoy, los estudiantes tienen restringido el acceso a la universidad en función de las notas de bachillerato. Se da por hecho, con este sistema, que si un estudiante ha alcanzado en el bachillerato una nota mínima para superar la selectividad, nunca podrá, trascendentalmente, alcanzar a completar los estudios de las carreras que tienen hoy por hoy ese baldón de las notas de corte.

La perversión de esta medida siniestra, que condena a cada estudiante a ser lo que el sistema le permite en función de su nota de bachillerato, alcanza tintes repulsivos cuando sabemos que si el estudiante tiene el dinero necesario podrá cursar la carrera que mejor le convenga siempre que la pague en una universidad privada. No se puede entender cómo es posible que los partidos políticos que dicen estar al cuidado de la gente “más vulnerable” y que incluso con un alto grado de estupidez, atacan como falso y aparente el sistema del mérito, dejan pasar esta absoluta perversión del sistema. Los ricos no están condenados por su nota de bachillerato. Los pobres tienen que estudiar para llegar a esas notas de corte si quieren ofrecer sus servicios a España como médicos, por ejemplo. ¿Acaso un estudiante no puede mejorar sus resultados académicos después de superar la EBAU? A qué tipo de pedagogos se le ha ocurrido semejante idea. Se entiende que la nota de bachillerato mide la capacidad de una persona para siempre, salvo que tenga dinero para pagar una matrícula en una universidad privada.

Recientemente, y a consecuencia de la pandemia, se ha demostrado que en España faltan médicos para dar sostenibilidad y continuidad al sistema público de salud. Sabemos que faltan médicos y otros profesionales para facilitar la mejora de la calidad del sistema. Sin embargo, aunque miles de estudiantes alcanzan unas notas de corte en EBAU elevadas, sólo algunos cientos pueden entrar en las universidades públicas. Los más vulnerables, que sin embargo han alcanzado resultados académicos elevados, no pueden acceder a la carrera de medicina porque hay un número de matrículas tan reducido como escandaloso. Y no se puede aducir que sólo pueden entrar los mejores, porque las diferencias de décimas en notas altas de la EBAU no son suficientemente significativas. Este año, en la Universidad de Oviedo solicitaron plaza en Medicina 4657 estudiantes, sólo se han concedido 150 plazas y la nota de corte está en 13,30. Las notas de corte se han convertido en una falacia estratégica en el camino de privatización de los servicios públicos.

Mientras tanto, los alumnos que pueden pagar una matrícula privada podrán hacer su carrera de Medicina, sin esos requisitos draconianos. Y serán médicos igualmente, sin ninguna distinción. Claro que los ideólogos que se han inventado la idea de que el mérito es una “trampa del sistema”, en un quiebro dialéctico de extraordinaria agudeza, lo encontrarán como algo lógico. Algunos de estos políticos han estado en lo más alto del poder en España y no se han preocupado de que esto pueda cambiar. Irán al infierno, como decía Luis Landero.

Otro de los argumentos que utilizan ahora quienes defienden la actual gestión educativa universitaria con estas perversas consecuencias, es que como luego en España no se paga bien a los médicos estos sencillamente se van al extranjero. Cierto. Se van por dos razones, una, porque aquí se forman muy buenos profesionales, y otra, porque se les paga mejor fuera, y el acceso a un puesto de trabajo es más inmediato. Eso tiene hoy por hoy fácil arreglo. En vez de repartir el dinero a cada ciudadano con partidas presupuestarias para que lo gasten en “bienes culturales”, o para paliar la carestía de la vida, mediante soluciones típicamente liberales: “que cada cual haga de uso de su dinero como quiera”, nuestro estado social y democrático de derecho debería dirigir esos dineros a mejorar los servicios públicos y reforzar las estructuras basales del estado, por ejemplo, mejorando las condiciones laborales de los médicos para que no sientan la necesidad de emigrar a otras latitudes.

Otro aspecto escandaloso de la universidad española es el de los grados. Hace treinta años casi todas las carreras eran de 5 años. Con la licenciatura, cualquier estudiante podía opositar o buscar trabajo en la empresa privada. Hoy ya no es así. Se ha reducido a 4 años la gran mayoría de las carreras. Pero resulta que el quinto año sigue siendo necesario. Sólo que ahora hay que hacer un máster cuya matrícula tiene unos precios extraordinarios, tanto en la universidad pública como en la privada.

Un estudiante que ha pasado por la secundaria, que ha superado con muy buenas notas el bachillerato, que ha terminado los cuatro años de grado, tiene ahora que pagar un máster para completar sus estudios a un precio disparatado. A nadie se le ocurre que, en estas condiciones, alguien pueda suspender. Toda la picaresca que hemos visto en las vidas y obras de nuestros nuevos políticos formados en la ESO sirve para mostrar la perversión de este sistema. Los másteres ofrecen un número de plazas limitado; a veces, muy limitado. Si un buen estudiante no puede acceder al máster que desea hacer en una universidad pública, porque se ha quedado sin plaza, podrá optar a hacerlo por una universidad privada, con una matrícula mucho más elevada.

Toda esta siniestra perversión entorpece la función de la educación como ascensor social, y la disposición profesional por méritos de los nuevos jóvenes que se incorporan al mundo laboral. Así pues, la privatización y la segregación en la universidad conduce a un empobrecimiento de las alternativas profesionales de los estudiantes y a un control más preciso de la promoción por la excelencia, por parte de los poderes fácticos y los grandes capitales. Es decir, que los gobiernos llamados progresistas prefieren seguir estrechando el camino de la promoción profesional por la excelencia, dejando ancho el camino para aquellos que por razón de sus mejores condiciones económicas quieren acceder a dichos puestos. Estos gobiernos se muestran, así, entregados al servicio de las oligarquías, y no está lejos el día en que convenzan al electorado de las bondades de la privatización de los últimos reductos de los servicios públicos que nos quedan, después de haber esquilmado a España durante el régimen resultante de la transición.

¿Cómo habría de ser el sistema universitario público? Universal y asequible económicamente para todos. Ampliar la oferta de plazas hasta conseguir la reducción de las notas de corte a unos niveles razonables, para que los estudiantes tengan derecho a elegir cualquier carrera si han demostrado y aprobado la EBAU. Y que las notas de corte se gestionen desde una perspectiva nacional, no autonómica, conforme a un plan productivo a largo plazo. Que sea su rendimiento universitario el que ponga a cada uno en el lugar que se merece, y que se obligue a las universidades privadas a someterse al mismo control de acceso. Y, por supuesto, la EBAU debería ser universal, igual para todos los estudiantes españoles en cualquier lugar de España, porque también en esto se notan los privilegios de las regiones gobernadas por partidos secesionistas.

8. Con respecto a la enseñanza secundaria, es cierto que ha habido muchos cambios legislativos a lo largo de estos últimos treinta años. Pero todos ellos tienen un factor común, y es que todos proceden y se producen dentro del marco general establecido por la ley que modificó estructuralmente el sistema educativo español: La LOGSE. Hasta hace 30 años, el sistema educativo seguía los siguientes tramos: de 6 a 14 años, Primaria, y de 14 a 18, BUP y COU, o bien, Formación Profesional I, II y Maestría. Los estudiantes podían pasar desde la escuela al instituto para acceder a la universidad a través del COU, o bien, podían elegir FP2, Maestría y universidad. Esto supone que en la red de centros de España había Institutos de BUP e Institutos de Formación Profesional.

Debido a una extraña, patológica, y recurrente ideología populista se consideró que para superar el estigma que supuestamente se cernía sobre aquellos estudiantes que elegían la FP, lo más adecuado era disolver el sistema y establecer un nuevo tramo conocido con el nefasto nombre de la ESO, de cuatro años, que sería obligatorio e igual para todos. Dicho tramo se impuso como nueva modalidad educativa y exigió la universalización de la ESO en todos los centros, tanto los del antiguo BUP como los de FP, convertidos todos en centros de secundaria que podrían tener además, sus módulos de grado medio o superior y sus dos años de bachillerato.

Los 4 años de la ESO se establecieron a costa de reducir la edad en que el niño sale de la escuela y va al instituto, que ahora es a los 12 años. Esta medida tiene además el aliciente de erradicar institucionalmente la infancia a los 12 años, lo que significa transferir a estos nuevos preadolescentes a una nueva etapa de hábitos sociales, nuevas formas de consumo, etc., y el desarraigo prematuro de su última etapa infantil que anteriormente se vivía en la escuela, contribuyendo decisivamente a fortalecer la autoestima y la seguridad de los preadolescentes de los últimos cursos de la escuela. El bachillerato quedó reducido a dos años, y la formación profesional a dos tramos de dos años: grado medio y grado superior.

La rigidez del primer modelo de la LOGSE, que exigía a los estudiantes que elegían un módulo de grado medio (de 16 a 18 años), hacer también el bachillerato si querían acceder a la universidad, penalizándoles por tanto en dos años más, obligó ya a los primeros ajustes. El “canuto” universal de la ESO tampoco daba resultados, se produjeron durante los primeros años tantísimos efectos perversos en las relaciones educativas que hubo de ampliarse el cuerpo de psicólogos y pedagogos necesario para hacer frente a la nueva ola de conflictos sociales que se generaban en las aulas, al tiempo que se multiplicaban y ampliaban los conflictos familiares y sociales en el exterior de los centros. Todo ello redundaba en nuevas y peligrosas estadísticas de rendimiento, informes pisa, y fracaso escolar.

El fracaso escolar, el verdadero fantasma de toda ley educativa, obligó a moderar y modular tanto el sistema que es lo que ha ido fraguando este camino encharcado de leyes y más leyes que se superponen con nombres nefastos, dignos de su desatinada improvisación. Cada vez se hace más evidente, también en las propias legislaciones, que los dos primeros años de la ESO deben ser tratados con modos propios de las escuelas de primaria, aunque estén en secundaria. Se hace más evidente que a los 14, es decir, al finalizar segundo de la ESO, hay que dejar a los estudiantes la posibilidad de dirigirse a una formación profesional que ahora llaman Formación profesional básica. En esto había hasta ahora una terrible perversión y  es que se enviaba a la formación profesional básica a los estudiantes que no habiendo podido sacar la ESO, es decir, con más de 16 años, ya no había modo de concluirles un título. Después de fracasar, y de haber sido forzados a mantenerse absurdamente en la ESO, se les “premiaba” con la posibilidad de una formación profesional básica que en realidad era terminal, ya con unos 17 años.

Ahora, ya en la nueva ley se contempla de nuevo que a los 14 podrán los estudiantes dirigirse a la FP básica, de dos años, para luego conducirse a los módulos de grado medio y superior. ¿Cuál es el problema? -Que no hay centros suficientes para tanta demanda, y que no están ni preparados ni especializados. Esta parte, hace 30 años, venía de serie en el sistema, pero ahora, está totalmente desarticulada, y debe ser reconstruida. Tardaremos años en alcanzar unos niveles dignos en la formación profesional básica, para que deje de ser residual y último castigo.

Con respecto al bachillerato, la nueva ley ya contempla que un estudiante pueda hacerlo en tres años repartiendo las materias de los dos años. Otro modo vergonzante de encubrir los problemas, porque no amplía la formación, sino que busca simplemente facilitar la culminación del bachillerato, dando por hecho que es preferible hacer el bachillerato que una formación profesional (de modo que el prejuicio persiste). Equiparar los estudios de Formación profesional tal vez evitaría tener que introducir tantas medidas cosméticas. Además, habría que introducir un itinerario alternativo a partir de los catorce años, además del bachillerato y la formación profesional, me refiero a la formación artística, algo que afortunadamente, parece que comienza a contemplarse.

9. No obstante, la ESO sigue siendo el eje principal, y el fracaso escolar no decae. Siguen siendo pocos los casos en que los estudiantes se derivan a formación profesional, de modo que es necesario introducir otras medidas para reducir el fracaso. Como la disminución de la ratio por aula, la única solución verdaderamente eficaz, no es viable, porque resulta muy cara, entonces lo que se proponen las sucesivas leyes es ir reduciendo el nivel de exigencia por parte de los profesores. El primer ciclo de la ESO ya se está convirtiendo, por medio de los ámbitos, en una primaria encubierta, impartida en secundaria de modo vergonzante, cuando son los maestros quienes mejor podrían impartir este tipo de modelo de enseñanza. Se pretende extender este modelo también al segundo ciclo de la ESO, es decir, a tercero y cuarto. En la nueva ley desaparecen las pruebas de septiembre en la ESO, y se busca evitar asociar el trabajo escolar con una exigencia de rendimiento y esfuerzo, que es, sin embargo, absolutamente necesaria. Si no se mejoran las cifras de fracaso escolar, reduzcamos la exigencia.

¿Cuál es el problema principal al que se enfrentan los políticos a la hora de legislar estas exigencias de reducción de esfuerzo? El cuerpo de profesores, principalmente. Un cuerpo organizado por departamentos didácticos,  dispuestos y preparados para impartir una serie de materias que deben aprenderse, de las que los estudiantes deben examinarse, y en las que deben ser evaluados, en función del rendimiento, el esfuerzo y el trabajo. He aquí el principal problema. Los propios legisladores han difundido la idea de que el profesorado español sigue anclado en un modelo memorístico como el de las madrasas musulmanas, donde los niños se aprenden de memoria a cabezazos el Corán. Es algo tan absurdo como delirante, en un país donde las principales innovaciones educativas que se nos venden ahora como novedades llevan implantadas en la cotidianeidad del trabajo en las aulas desde hace al menos 30 años. No existe ese modelo memorístico salvo en la imaginación de los legisladores, alejados de la vida cotidiana de la nación, y como en el caso de la ministra que ha realizado la nueva ley, con sus hijos en la escuela privada.

La nueva ley introduce la evaluación por competencias. Las competencias deben ser impartidas en todas las materias, lo que supone ya una especie de amenaza sobre el modo de proceder del profesorado. Los profesores, independientemente de su materia, deben evaluar competencias que son responsabilidad de otras materias. Evaluar por competencias tiene el peligro de caer en una idea formalista de la educación. Es como si lo importante de un soneto fueran los 14 versos endecasílabos y la rima, independientemente de lo que diga el soneto. Y es un error muy común, por eso ha funcionado tan bien en la mente de los legisladores. La perversión del sistema llega al punto de que un profesor que evalúa a un estudiante, después de ponerle la nota, la distribuye entre los porcentajes atribuidos a cada competencia, según su materia, para aparentar una evaluación por competencias que resulta totalmente inoperante y absurda, al margen del trabajo sobre los contenidos propios de la materia de que se trata. Luego, en las encuestas todo se verá contemplado y el sistema seguirá adelante, y del mismo modo, la degradación de la enseñanza seguirá adelante.

El estado y sus legisladores no ofrecen soluciones reales porque lo que importa es salvar las apariencias, como hacía el sistema de Ptolomeo para explicar la retrogradación de los planetas desde el modelo geocéntrico. La última estrategia es que el profesor trate al alumno en particular y que la nota que imponga a cada alumno no obedezca a un criterio de carácter universal, sino que sea una nota particular con respecto al propio alumno. Así puede haber dos alumnos con notable en la misma asignatura, y el mismo profesor, pero en el que el rendimiento de uno de ellos sea mucho menor que el del otro. No importa. Cada uno es fuente de su propio mérito. No es mala idea para encubrir una falta de criterio radical. Lo que busca esta estrategia es perseverar en el error de la ESO, imponer a todos el mismo sistema y el mismo canuto y erradicar aparentemente el fracaso escolar. Puede que de este modo se consiga finalmente que los cuatro años de la ESO pasen igual para todos y desaparezca el fracaso escolar. Pero ello no evitará que los estudiantes adquieran una diferente formación que será evaluada posteriormente, en función de la dedicación y atención familiar, las propias capacidades y el rendimiento personal.

Erradicaremos el mérito del sistema educativo a base de disolver su función evaluadora y clasificadora para la organización del sistema productivo del estado. Desaprovecharemos el potencial formativo del sistema, forzado a no funcionar. Mientras tanto, centros privados ofrecerán formación de élite para quienes puedan permitirse pagar los gastos. Con esta última solución se echa de ver que tampoco será necesario hacer grandes inversiones económicas, porque pudiendo pasar de curso cada uno a su propio ritmo y disposición, es claro que los grupos pueden seguir teniendo altas ratios de distribución, porque la calidad del proceso educativo no se valorará por los resultados académicos objetivamente evaluables, y no habrá fracaso escolar. Será una victoria pírrica del sistema. Habrá erradicado el fracaso escolar condenando al fracaso al propio sistema y al estado que lo sustenta.

10. Hay dos modos de reducir el fracaso escolar sin pervertir ni blanquear los resultados, sino mejorándolos ostensiblemente, incluso contando con profesores “imperfectos”, pero requieren inversiones en infraestructuras que los políticos prefieren no hacer, porque eso no se ve cada cuatro años, cuando van a solicitar nuestro voto, y porque es mucho más eficaz, según la lógica del político, repartir dineros a las gentes para engañarlas temporalmente y aumentar su entusiasmo con el gobierno de turno. Uno de ellos es reducir drásticamente el número de alumnos por aula. Esto supone invertir en centros educativos, y en profesorado. El dinero que los políticos regalan según la coyuntura, apelando a expresiones populistas insultantes como “política de los cuidados”, atención a “los más vulnerables”, etc., junto con otros gastos superfluos que desgraciadamente hacen los políticos sin ton ni son, podrían dedicarse sistemáticamente a fortalecer el sistema educativo en esta dirección. Bajar el número de alumnos por aula a un máximo de 16 alumnos tendría efectos inmediatos en el rendimiento escolar y en la eficiencia de los procesos de aprendizaje, sin necesidad de modificar los procedimientos de evaluación habituales ya bien establecidos y contrastados para fomentar el mérito en el proceso de enseñanza.

El otro elemento sería diversificar el sistema, romper la ESO, destruir el tubo único totalitario por el que todos han de pasar, y abrir centros educativos de Formación profesional que cubran desde la formación profesional básica a partir de los 14 años hasta la formación profesional superior; de la misma manera habría que abrir centros educativos de formación artística desde los 14 años hasta la formación artística superior. Pero eso supone abrir más centros, dotarlos de medios y profesionales adecuados. Posteriormente, modificar el sistema de las notas de corte para que no se vuelva a repetir la perversión de las centésimas como criterio de discriminación de los profesionales en España, mientras que los “no vulnerables” pueden coger un “camino real” para su formación.

Estas medidas suponen inversiones grandes poco visibles a corto plazo, pero los ahora conocidos como yonkis del poder no están dispuestos a atender estas propuestas. Prefieren el corto plazo, y más aun, que el sistema educativo renuncie al mérito.

11. Luis Enrique, el entrenador del equipo nacional, ha declarado que la meritocracia es el único modo de conseguir un equipo ganador. Debe elegir a los mejores. Pero en las democracias actuales debemos distinguir entre mérito y meritocracia. Meritocracia significa que el poder depende del mérito, y eso en España, como dice y manifiesta Lily Vestringe, no existe. Aquí no se alcanza el poder por el mérito. El mérito sirve para clasificar a los estudiantes cuando tienen que enfilar en igualdad de condiciones los esfuerzos y pruebas necesarias para alcanzar sus títulos. Pero el poder derivado del mérito está cada vez más bloqueado por la privatización del sistema educativo. Si los centros privados permiten acceso a títulos sin esfuerzo, o carreras sin competencia por la nota de corte, como finalmente los títulos tienen el mismo valor, es claro que la distribución de trabajadores profesionales cualificados no dependerá sólo del mérito, pues ya viene ese mérito manipulado por el proceso de selección.

Por otra parte, el único modo de distribuir según el mérito a los trabajadores es mediante los procesos de selección de personal. Estos procesos sólo están controlados universalmente cuando se trata de los trabajos públicos. Entre los funcionarios, la oposición supone una distribución de los puestos de trabajo en función del mérito. Y mientras no se den procesos de corrupción, que se dan, sin duda, pero todavía se controlan por los inspectores, etc., el sistema aguanta. Ahora bien, la distribución de los funcionarios del estado en toda la administración y servicios públicos se hace de modo jerárquico, y con la democracia se ha alcanzado un modo magnífico de bloquear que este mérito profesional y manifiesto alcance la ansiada “meritocracia”, porque el poder no se reparte por el mérito. Son los políticos que han ganado las elecciones municipales, regionales, o nacionales, los que tienen la gracia de disponer al frente de los negociados de servicios y administraciones a los directivos que ellos elijan discrecionalmente. De modo que la democracia bloquea el proceso de meritocracia también por este procedimiento en la administración y servicios públicos. Afortunadamente, estas prebendas del poder contra el mérito suelen dejar fuera de su foco a los funcionarios de a pie que son los que cargan con el trabajo y en función de su grado profesional y mérito mantienen a flote el estado a pesar de las intromisiones a veces muy notables de los políticos. No obstante, en los libidinosos sueños europeístas está también el objetivo de privatizar todos estos servicios públicos. De hecho, las nuevas leyes educativas han ido poco a poco fortaleciendo la figura del director del centro educativo como gestor de personal, y reduciendo la figura del profesor con plaza, en la línea de aproximar el sistema público de educación al modelo empresarial, como tantas veces se ha denunciado (Beatriz Quirós, Nico Hirt, etc.)

El más interesante de los argumentos meritocráticos es el más querido de los neoliberales. Es la empresa privada la que mejores condiciones muestra para la meritocracia. Sin embargo, el poder en las empresas privadas es principalmente hereditario. Se dirá que los procesos de selección de personal son justos, porque en las empresas se elige siempre a los mejores.  Cierto. Sin embargo, en las empresas existen multitud de puestos de trabajo, aquellos que sustentan la base de la producción, que no requieren especial formación, o que se puede recibir una vez dentro de la empresa. Los empresarios prefieren que en la selección de personal actúen también otros aspectos, como por ejemplo, las vinculaciones entre trabajadores, familiares, amigos, que generan dependencias dentro de la empresa y ayudan a que la plantilla sea más dócil. Y en cuanto a los puestos de responsabilidad, qué duda cabe que la confianza es un valor seguro para el poder, más que el mérito profesional, que siempre se puede descargar sobre un subalterno sin poder.

Finalmente, en lo que respecta al poder político, dentro de un sistema democrático de partidos, como es el nuestro, y teniendo en cuenta que los procesos de promoción interna dentro de cada partido político son totalmente opacos e incontrolables, no cabe ninguna posibilidad de validar como meritorio, en sentido de capacidad y formación técnica para el caso, la posición de poder que un político alcanza dentro del partido, incluso cuando se ofrece el argumento de las primarias. Porque las primarias se hacen siempre de cara a la galería, y cuando no dan el resultado apetecido, los partidos simplemente retuercen el resultado sin más problema. Recuerden el escandaloso caso de Borrell, por ejemplo. Lo que prueba también que los méritos conforme a los cuales los políticos adquieren el poder, esto es, el poder para presentarse luego a las elecciones, pueden obedecer a criterios eficaces pero como los puede haber dentro de una banda mafiosa, por ejemplo.

Los ladrones del bandido Roque Guinart, en el Quijote, tenían también su principio de justicia. Roque debía repartir en lotes iguales lo que había robado, para que no se le amotinaran. Roque ganaría así unas primarias. En la película Gladiator, un Cómodo atribulado explica a su padre, Marco Aurelio, que aunque no tuvo las virtudes que su padre valora para el ejercicio justo del poder, tiene otras que son las que le van a llevar al poder (sin justicia), entre ellas, el valor para asesinar a su padre a sangre fría en ese mismo momento. Tiene mérito su poder. Es meritocracia también. Un tirano de Siracusa explicaba a un filósofo cómo se había mantenido en el poder: le enseñó un trigal. “Contempla las espigas de trigo, cada vez que una sobresale, córtala.” Si no hay reglas del juego, o sistema de oposiciones, no hay modo de saber cómo se ha ido fraguando el puesto de un político que luego vamos a poner en la Moncloa a dormir con malos o buenos sueños.

Salvar las apariencias no salvará a la nación. El debilitamiento del estado es inevitable si paralizamos el ascensor social, es decir, ese sistema de redistribución en función de las capacidades y méritos propios, de los nuevos españoles, en todos los estratos de sus estructuras productivas. En esto precisamente es en lo que debe consistir la verdadera educación pública.

Gijón, a 14 de septiembre de 2022.

Pablo Huerga Melcón (1966, Benavides de Órbigo, León) es profesor de Filosofía en el IES Rosario de Acuña de Gijón y profesor asociado en la Universidad de Oviedo. Su tesis doctoral fue la última dirigida por el filósofo Gustavo Bueno. Recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1989 y el Premio de las Letras Asturianas en 2009. Es autor de los libros La ciencia en la encrucijada (1999), Que piensen ellos (2003), El fin de la Educación (2010), La otra cara del Guernica (2011), La ventana indiscreta. Una poética materialista del cine (2015), Gnoseología de la película La Misión (2017) y Welcome to the Machine. Máquina y Ruido (2020); colabora habitualmente en revistas como Ábaco, El Basilisco, El Catoblepas, Llull, Nómadas, La balsa de piedra, Papeles de la FIM, Nuestra Bandera y en La Nueva España, La Voz de Asturias y La Nueva Crónica. Es además tertuliano habitual en el programa de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RPA) “Noche tras Noche”.

El modelo educativo neoconservador tiene su paradigma en la Comunidad de Madrid

La educación para la derecha

La derecha tiene clara qué sociedad quiere construir, y, por consiguiente, qué tipo de sistema educativo necesita implementar para que se logre dicha sociedad, donde su máximo exponente ha sido la LOMCE. La LOMCE no pudo hacer todo el daño que tenía planeado, debido a que no se logró aplicar en su totalidad, pero era una ley bien pensada para los objetivos que quería conseguir: establecer un sistema de desigualdad de oportunidades y retirar la escalera a las clases populares para reducir la movilidad social, potenciando un cierre clasista. Las reformas en la universidad han ido en la misma dirección, al tratar de elitizar la misma con los aumentos bruscos de matrículas y el endurecimiento de la política de becas. Además, pretendía, cosa que logró con éxito, abrir la educación a un mayor negocio de las empresas privadas de este ámbito, especialmente a las congregaciones religiosas católicas, como medio de segregar socialmente y recuperar parte de la influencia perdida por décadas de secularización. A día de hoy, el siguiente objetivo de la derecha, además de anular la reciente ley de Educación (la LOMLOE) aprobada por el Gobierno de coalición del PSOE y UP, es lograr el mayor campo de negocio para las empresas de Formación Profesional, a la sazón del aumento vertiginoso del alumnado interesado por esta modalidad educativa, que ha ganado prestigio en los últimos años.

Mientras la derecha tiene clara cuál es la sociedad que quiere construir, la izquierda en nuestro país da tumbos o comienza reformas, pero no las aplica hasta sus últimas consecuencias. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema escolar es la segregación escolar, principalmente por clase social, aunque hay de otros tipos (por origen nacional, por sexo, académica, etc.). Esta segregación escolar está por encima de la segregación residencial, por lo que existen mecanismos institucionales que la agravan.

La segregación escolar tiene efectos perversos en el sistema. Produce burbujas sociales que degradan la democracia, al romper la experiencia democrática compartida, generando situaciones de insolidaridad social y de falta de entendimiento entre clases sociales. Este modelo también reduce las posibilidades de que el alumnado desaventajado socialmente pueda romper su destino social a través de la acumulación de capital social con el contacto con alumnado de otras clases sociales. Elimina el “efecto compañeros” y la posibilidad de que haya alumnado locomotora que tire de las clases. Provoca que el ambiente escolar sea más determinante en las posibilidades de pasar de curso, de abandonar prematuramente o de fracaso escolar. Produce que algunos centros se transformen en “centros guetos”. Genera un sistema de desigualdad de oportunidades que va en contra de varias declaraciones internacionales de la ONU, de las recomendaciones de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, y de la propia Constitución española. La manida “libertad de elección” sobre la educación de los hijos/as se ha convertido en la “libertad de segregar” al alumnado considerado indeseable.

La LOMLOE técnicamente se va a enfrentar con esta problemática obligando a los centros concertados, que segregan con fondos públicos, a aceptar a una parte del alumnado desaventajado (en el que se buscaba, en la mayor parte de los casos, no escolarizar) y tiene como objetivo reducir la segregación escolar de todos los tipos. Esa es la voluntad de la ley, pero sin un seguimiento sobre el asunto podemos tener dudas de su aplicación real.

Mientras la izquierda no tiene claros sus objetivos educativos ni qué tipo de sociedad quiere construir, la derecha sí. El modelo más perfecto de la política neoconservadora en España es el ejemplo de la Comunidad de Madrid. España es el sexto país más segregado de la UE (según el índice Gorard, de acuerdo a los datos PISA 2015), pero si la Comunidad de Madrid fuera un país, sería el segundo de la UE en segregación escolar por clase social. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un verdadero laboratorio político, que otras comunidades están intentando imitar, como Andalucía. La segunda comunidad más segregada es Cataluña (aunque se están tomando medidas para reducir este problema), seguida por Canarias y Asturias.1

En la investigación realizada por Murillo Martínez-Garrido en 2021, donde han profundizado sobre la segregación escolar en Madrid, con datos de PISA2018, han demostrado que los centros privados son ocupados en su gran mayoría por la clase alta; la clase media ocupa principalmente los centros concertados-privados y la clase baja (y una parte de la media) los centros públicos. Los centros guetos extremos son todos públicos. Detrás de gran parte de la segregación escolar por clase social, según Murillo y Martínez-Garrido (2021), está el bilingüismo, ya que los centros bilingües -al igual que los centros privados y concertados- asumen a un alumnado con un nivel socioeconómico mayor y la política de admisión del alumnado, basada en el distrito único.

2

Ahora pasaremos a describir el modelo madrileño educativo, como laboratorio de las políticas neoconservadoras en España.

El Modelo Madrid. Medidas de cuasi-mercado para segregar

La Comunidad de Madrid es el laboratorio de las políticas neoliberales y neoconservadoras del PP, que son similares a las de otras derechas autonómicas (antigua CIU, CC, etc.), pero con diferentes grados de intensidad. No sólo ha sido el laboratorio de las privatizaciones y externalizaciones en varios ámbitos, sino que se ha convertido en el oasis fiscal que beneficia a las clases alta y medio-alta. El clasismo impera en gran parte de la legislación del PP en la Comunidad, un ejemplo de ello es la fuerte apuesta que realiza el PP por la concertada-privada y la privada, como luego veremos. Madrid, aprovechando su capitalidad, se ha convertido en la aspiradora de los talentos y recursos de una parte de nuestro país. Las principales víctimas han sido las dos Castillas, Asturias y Extremadura, por consiguiente, una parte de la llamada “España vaciada” (a excepción de Extremadura). La Comunidad de Madrid ha aprovechado su centralidad en nuestro país para realizar dumping fiscal, a la vez que aplicaba generosos recortes de impuestos que han beneficiado, sobre todo, a las clases antes mencionadas.

En el caso de la educación, el Gobierno de la Comunidad ha realizado una fuerte apuesta por “la libertad de elección” de los padres y madres respecto al modelo educativo. Para ello han fomentado varias medidas: 1. La instauración de medidas de cuasi-mercado para elegir centro, que sólo beneficia a aquellas clases que se pueden permitir mover al alumno/a de barrio. 2. El fomento de rankings entre los niveles académicos del alumnado a través de los resultados de las pruebas LEA (2º Primaria), CID (6º de Primaria), las realizadas en 3ºESO, los exámenes de inglés (en el caso de ser un centro bilingüe) y las notas de Selectividad de cada centro. El objetivo es que los padres y madres pueden consultar dichos resultados para elegir un buen centro y poner a los centros a competir por el mejor alumnado[1].

Como es natural, la competición está trucada, mientras los centros privados y concertados escogen a su alumnado (salvo honrosas excepciones), el alumnado desaventajado se concentra en los centros públicos que han sido víctimas de una década de recortes. En Madrid estudia el 54,3% (datos 2022) del alumnado matriculado en la Comunidad en centros públicos, mientras que concertados y privados matriculan al 45,7% del alumnado. Es llamativo al compararlo con Andalucía, donde los centros públicos matriculan al 72,4% o en Extremadura, donde matricula al 80,1%. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla anterior, la pública acoge a casi tres veces más extranjeros que la privada y la concertada (72,56% frente a 27,43%).

Número de alumnado extranjero por titularidad de centro y tipo de estudios

Alumnado por centro según titularidad Total E. Infantil (2) E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato (1) FP Básica FP de Grado Medio (1) FP de Grado Superior (1) Otros programas formativos (2)
Todos los centros 159.985 32.526 60.375 866 31.616 9.072 2.100 4.500 5.145 6.785
Centros Públicos 111.014 23.695 44.695 718 21.044 6.724 1.550 2.930 3.171 6.487
Centros Privados 41.971 8.831 15.680 148 10.572 2.348 550 1.570 1.974 298
Datos obtenidos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Curso 2019-20.
  • Incluye al alumnado de los cursos a distancia de la FP y el Bachillerato y los cursos de adultos
  • Incluyo otros programas formativos, enseñanza en idiomas, enseñanzas deportivas y enseñanzas artísticas.

La inversión en educación tampoco se ha recuperado desde 2008, pero sí la inversión en la concertada, donde, en la actualidad, perciben 1.018.928,5 euros de financiación. Si en 2008 suponía el 14,9% (776,5 millones) del total de la partida educativa, una década después ha escalado hasta el 19,7% (1.018 millones), según datos del Ministerio de Educación. No añadimos el año 2020 porque se produjo un aumento de los presupuestos vinculados a los fondos COVID que provocan subidas anómalas y de difícil comparación.

Gasto público en Educación por cobertura económica, tipo de administración y período.

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Datos extraídos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2008-18).

Financiación de los conciertos de la CAM

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Datos extraídos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2002-18).

Como podemos comprobar en la tabla anterior, la financiación en conciertos en la Comunidad de Madrid no ha dejado de subir desde 2002, incluso durante la mayor parte de los años de la crisis de 2008, lo que demuestra una clara apuesta por parte del Ejecutivo popular por este tipo de educación y el poco interés por sostener el sistema público, provocando la creación de un sistema dual en la educación madrileña: una enseñanza para los menos favorecidos y parte de la clase media (educación pública, con algunas excepciones de “centros de élite”) y una enseñanza para los favorecidos de la sociedad y la otra parte de la clase media.

Por otro lado, en 2018, Madrid todavía no había vuelto a los niveles de gasto público en educación previos a la crisis: 5.219 millones frente a los 5.283 de 2008. Es la región que menos invierte, pero está a la cabeza en la financiación que se dedica a la concertada respecto al presupuesto. Los colegios con concierto tienen un peso inusual en la financiación global: se llevan un 19,7% de la inversión anual, cinco puntos por encima de la media en España.

La extensión descontrolada del bilingüismo en la Comunidad de Madrid también ha ayudado a este proceso. En 2017 había 515 centros públicos funcionando con este modelo: 365 colegios y 150 institutos. Los centros bilingües han presionado sobre los centros no bilingües cercanos al poder dar un “valor añadido” al alumnado que cursaba estudios en él. Frente al centro monolingüe puede provocar que este trate de competir convirtiéndose en bilingüe, bajando la calidad de la enseñanza, ante la tesitura de perder alumnado, un alumnado, normalmente, de clase media cuyos progenitores quieren que sus hijos/as tengan esa ventaja comparativa demandada como requisito para poder acceder a muchos puestos de trabajo.

Las consecuencias de las medidas de cuasi-mercado en el acceso al sistema de enseñanza, junto a la segregación residencial, han producido un desembarco de una parte no menor del alumnado hacia la enseñanza concertada-privada, a costa de la pública, y privada, provocando un alto nivel de segregación escolar por clase social. Sería una mutación del “White flight” de los EEUU en una especie de “middle class flight” hacia los centros de titularidad privada. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más segregada de España, y si fuese un país europeo sería la segunda en segregación escolar por clase social, sólo adelantada por Hungría, calculado a través del índice Gorard de acuerdo a los datos de PISA 2015 (Murillo, F.J., y Martínez-Garrido, C., 2017). En las reformas con las que se implantó la zona única se produjeron cambios que aumentaron la segregación escolar, como afirma Lucas Gortázar, Mayor y Moltanbán (2020): “se pasó de un sistema basado en ingresos a otro que se baremaba sobre una situación administrativa de recepción de ayudas y eso dejó a mucha gente fuera”. Esto produjo la caída de un 15% del alumnado que podía verse beneficiado por dichos incentivos. Aguirre y Garrido aumentaron los puntos por tener y/o haber tenido familiares en el centro, dando ventaja a los alumnos/as que habían tenido familiares en dicho centro. La suma de estas dos medidas disparó la segregación hasta un 13% (Gortázar, Mayor y Moltanbán. 2020). Tuvo también, como consecuencia, la concentración de alumnado inmigrante (13%) y un efecto de agrupación de menores con padres y madres de nivel educativo bajo (un 3% más).

Otras medidas clasistas del Gobierno del PP en Madrid son: 1. Desgravar IRPF por comprar uniformes de alumnos/as (que son casi todos de la privada y concertada), de modo que se ayuda a ahorrar dinero a los más pudientes. 2. Equiparación salarial mediante complementos a los docentes de la concertada respecto a los docentes de la pública. 3. Los cheques escolares destinados a alumnado con menos recursos para que puedan estudiar Bachillerato en la privada y en la concertada (9 millones de presupuesto en 2020, el doble que en 2019). Esta medida tenía como finalidad, supuestamente, que el alumnado de la concertada-privada que quisiera seguir cursando Bachillerato en su mismo centro, pero que no podía permitírselo, pudiera hacerlo. Gracias a ello no se veía obligado a acabar con el alumnado de la pública. Una parte de esta partida ha acabado sufragando estudios en la privada (unos 176.787 euros repartidos entre 67 alumnos/as y 15 centros privados) a costa del erario público a la vez que se recorta en educación pública. Es preciso destacar que el alumnado de la pública no tiene derecho a acceder a dichas ayudas. La idea es llegar a los 9 millones de euros en este programa, ya que se va a incluir también en 2º de Bachillerato, pretendiendo llegar a 1500 alumnos/as repartidos en 165 centros. 4. El Gobierno de Díaz Ayuso recortó 25 millones de euros a las becas que sufragan, mayoritariamente, parte de los estudios de los que más lo necesitan. 5. Supresión de numerosas aulas en la pública (en Bachillerato se han perdido 106 unidades públicas). 6. El acuerdo PP-CS, en su punto 21, reza que: “Impulsaremos la extensión progresiva del Cheque de Educación Infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados”. 7. La última medida ha sido dar becas a los que más tienen, provocando un efecto regresivo con dichas becas, que más que becas son pagas para ricos.

CCOO ha denunciado estos hechos aportando los siguientes datos: “La crisis ha sido la excusa para llevar a cabo una política privatizadora: no hay recursos para las inversiones en la red pública, que descienden en un 58,1% a pesar del crecimiento de su alumnado; y sí lo hay para los conciertos y el cheque escolar que suben en un 28%, superando los 1.100 millones de euros en 2018.”

La CAM también cedió terrenos para la construcción y ampliación de 45 centros educativos concertados de manera ilegal. Esta práctica se legalizó posteriormente, en 2013, a través de la aprobación de la LOMCE por el Ministerio de Educación dirigido por Wert. La concertada fue la gran apuesta de Esperanza Aguirre[2] y sus sucesores en el Gobierno de Madrid. Su número dos, Francisco Granados, llegó a cobrar “mordidas” de 900.000 euros y 1,2 millones a cambio de ceder suelo público para construir colegios concertados en varios municipios de la región. En esa época (hasta 2011, cuando Granados fue imputado por corrupción en la Operación Púnica) se construyeron 90 centros concertados en toda la Comunidad. De hecho, la norma permitía ceder suelo público para construir centros concertados a empresas que aún no existían. El actual Ministerio de Educación ha eliminado el polémico artículo 116 manteniendo la redacción original de la LOE que prohíbe estas prácticas.

En general, esta práctica ha beneficiado principalmente a centros dependientes de la Iglesia, con la que el PP pretende que recupere parte de la influencia social que ha perdido en décadas de secularización. Hay que recordar que también existen centros concertados y privados de tipo lingüístico (Colegio de Alemán, el Liceo francés, Trinity Collegue, etc.), Colegio Europa o los adscritos a alguna corriente pedagógica como la Montessori, o, las menos, algunas cooperativas de docentes, pero son una minoría en comparación con los dependientes de la Iglesia.

Recordemos que la Comunidad de Madrid escolariza al 14,8% del alumnado total en España, un número nada despreciable de estudiantes, que viven en el sistema más segregado de nuestro país.

En la CAM el alumnado más pobre tiene, conigual rendimiento, cinco veces más probabilidad de repetir curso que los de más recursos. Los resultados en matemáticas de PISA 2018, muestran que la CAM es la comunidad menos equitativa de toda España. Se trata, además, de la segunda comunidad autónoma donde más impacta el nivel socioeconómico sobre el rendimiento en matemáticas, que ha empeorado desde 2015. La Comunidad de Madrid es la comunidad de España con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico, que sigue aumentando con respecto a los datos de 2015, lo que es un “éxito” de las políticas neoliberales y clasistas del Gobierno del PP, y sus aliados parlamentarios (la extinta CS y VOX).

Universidad, matrículas (grados y másteres)

En el caso de la universidad, la CAM apostó desde el “tasazo” de 2012-13, promovido por el Ministerio Wert, que implicó subidas del 15% al 67% en los precios de las matrículas. El Gobierno decidió, junto a Cataluña, subir el máximo, un 67%, y acercar los precios a los de las universidades privadas, de manera que muchos alumnos/as dudasen si entrar en una universidad pública, degradada y masificada, o en una privada con menor número de alumnos/as y mejores contactos con las grandes empresas. Los másteres no habilitantes también subieron hasta un 46% (2015).

El precio de un grado en España antes y después del “tasazo”

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Datos extraídos de este artículo que han sido obtenidos del MECD.[3]

Los costes de grados y másteres en Madrid, junto a Cataluña, eran de los más caros de España durante el período de gobierno del PP, hasta la llegada de Manuel Castells al Ministerio de Universidades, llegando a triplicar los precios de las comunidades más baratas.

El precio de un máster en España, antes y después del “tasazo”

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Datos extraídos de este artículo que han sido obtenidos del MECD.

Tras las reducciones de tasas promovidas en el Gobierno del PSOE y UP, que ya se han aplicado,  se ha instado a los gobiernos autonómicos a reducir las tasas y se han derogado las horquillas impuestas por el PP, con la intención de reducir la brecha existente de precios en España a la baja. La Comunidad de Madrid y la de Cataluña son las que más han bajado por el acuerdo del Ministerio.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, las universidades privadas crecieron en cuatro, hasta las nueve actuales (más centros extranjeros autorizados), durante la crisis económica. En gran parte por la reducción de requisitos para poder establecer una universidad privada aprobada por el Ministerio Wert.

 

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Fuente: Gráfica de elaboración propia realizada con los datos obtenidos aquí

Conclusión

El modelo del PP en educación, donde Madrid es su laboratorio de pruebas, es un modelo clasista, elitista, con cierto racismo de baja intensidad, que busca estratificar la sociedad lo máximo posible y cumplir “el efecto Mateo”: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. El modelo impulsado por el PP tiene cuatro pilares: el bilingüismo, la apuesta por la escuela concertada (sostenida con fondos públicos), la libertad de elección y la “excelencia”. Como hemos visto, estos factores suponen el desvío de fondos del sistema público hacia los conciertos, medidas de cuasi-mercado a la hora de escolarizar al alumnado, que junto a la segregación residencial y el bilingüismo favorecen la segregación escolar por origen social y nacional, el fomento de la escuela concertada-privada religiosa (aunque no sólo), para que esta recupere influencia en una sociedad cada día más secularizada, el impulso para la aperturade la educación al mercado, abriendo interesantes cuotas de negocio bien regados por fondos públicos y aderezados con condimentos de la corrupción del PP a las empresas privadas educativas, reducción de becas a quienes más lo necesitan, etc.

Este modelo no sólo ha sido aplicado por el PP en Madrid; CIU o CC han aplicado modelos similares en Cataluña y en Canarias. No es casualidad que las tres comunidades autónomas más segregadas socialmente sean Madrid, Cataluña y Canarias. Es cierto que tras las recomendaciones del Sindic de Greuges y el acuerdo en 2019 se ha reducido levemente la segregación en Cataluña y existe un debate sobre las causas y consecuencias de este fenómeno en la comunidad.

Las consecuencias de las políticas públicas aplicadas por determinados Gobiernos de diversas CCAA (fundamentalmente de la derecha), es la segregación escolar (fundamentalmente) por clase social. Con la política segregadora se pretende: 1 Reproducir el sistema de clases sociales y sus privilegios, cerrando el camino a la mayor parte de las clases populares. 2 Encubrir la implementación de estas políticas que impulsan la desigualdad de oportunidades con el discurso de la excelencia y de la meritocracia. 3 Abrir el campo de la educación, aún más, al negocio privado, donde se permite a la Iglesia Católica (y a otras empresas privadas del sector), no sólo acumular capital, sino aumentar su influencia social que declina en otros ámbitos de la sociedad. 4 Dividir a las clases sociales en compartimentos estanco, produciendo una estigmatización de los colectivos sociales vulnerables (pobres, inmigrantes, etc.), por parte padres y madres que pretenden que sus hijos/as asciendan socialmente, intentando evitar que pasen tiempo y compartan clase con estos alumnos considerados “indeseados”. Esto provoca una menor comprensión o empatía hacia los más desfavorecidos, lo que puedetener una influencia difusa en el rechazo a políticas en favor de los colectivos desfavorecidos. También se podría considerar clasismo y racismo de baja intensidad, que van unidos de la mano porque el rechazo al inmigrante viene de la mano de ser pobre (aporafobia).

O la izquierda decide repensar qué tipo de sociedad quiere construir y, por consiguiente, que tipo de educación quiere implementar, o tendrá soluciones parciales a problemas estructurales, mientras que la derecha tiene clara qué sociedad y qué sistema escolar debe poner en marcha para lograr dicha sociedad. La Comunidad de Madrid es ese laboratorio. Hay que estudiarla para poder combatirla. Nos va el futuro en ello.

[1] Ranking de la Comunidad de Madrid: https://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm.

[2] Un dato curioso es que Aguirre aprobó la construcción de un CEIP en Barajas, inaugurado en 2015, que se llama “Margaret Thatcher”, madre política del ataque neoconservador al Estado del Bienestar en Gran Bretaña. Ironías de la política ultraliberal de la CAM de manos del PP.

[3] Datos desagregados por CCAA disponibles aquí.

Texto realizado a partir del informe ‘La segregación escolar, las desigualdades educativas y el modelo educativo de la derecha en España’, elaborado por el autor para la Fundación 1º de Mayo.

Por Pedro González de Molina. Profesor de Geografía e Historia. Ex secretario de Educación y Formación de Podemos Canarias. Militante de CCOO.

Apliquemos el pensamiento crítico a la enseñanza de la Economía

La enseñanza de la Economía durante la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato es uno de los elementos más influyentes sobre la concepción que el alumnado desarrolla al respecto de la organización política y económica de la sociedad (Pagés y González, 2010). Del mismo modo, también lo es sobre el nivel de concienciación que desarrolla al respecto de los principales problemas sociales (y los agentes que participan en ellos) dentro de un sistema capitalista -a escala mundial, nacional y local- la mayoría vinculados a cuestiones económicas, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, las crisis, el cambio climático o la migración forzosa. De hecho, este tipo de problemáticas están bien asumidas en los currículos de las materias de Economía de la ESO y Bachillerato, siendo parte del contenido que el profesorado debe impartir en el aula.

Sin embargo, el enfoque desde el que se trabajan estos contenidos no es aséptico, teniendo una gran importancia para el entendimiento por parte del alumnado de las causas y los mecanismos que originan y reproducen dichas problemáticas socioeconómicas (Pagés, 2005). La escasez de enfoques -o el uso de un enfoque único y, además, oculto[1]– genera que las y los estudiantes tengan una idea sesgada de la realidad económica y social y, por tanto, tengan dificultades para evaluarla críticamente.

No es lo mismo enseñar que la pobreza y la desigualdad a nivel mundial se deben al alto grado de dependencia y subordinación de los países periféricos respecto a las empresas transnacionales de origen occidental, a que se debe a la poca cultura de emprendimiento empresarial que tienen en estos países.

Del mismo modo que es diferente enseñar que la igualdad de género se logra cuando las mujeres acceden al mercado laboral y a puestos directivos, que enseñar que la igualdad de género también pasa por políticas feministas como el reconocimiento y la socialización del trabajo reproductivo.

Tampoco es lo mismo enseñar que en momentos de crisis es imprescindible reducir costes laborales para fomentar la contratación por parte de las empresas, que enseñar que las reformas laborales de la crisis de 2008 implicaron pérdidas en los derechos y condiciones laborales empobreciendo a la clase trabajadora.

La concepción que los y las estudiantes desarrollan sobre la inmigración también es diferente cuando se les da una perspectiva utilitarista de la misma, asociando personas migrantes con factores de producción, que cuando se les ofrece una perspectiva humanitaria de la misma.

Como muestra Díez, E. J. (2018) en su análisis sobre los libros de texto de las editoriales McGraw Hill y SM, una perspectiva exclusivamente neoliberal y no especificada también se ha materializado en los libros de texto de Economía de manera habitual, tratando, por ejemplo, de convencer de la importancia de contratar cuanto antes un plan de pensiones privado, de la necesidad de que el mercado de trabajo se liberalice y los salarios sean flexibles, o de que el gasto social daña el crecimiento económico.

Lo que a esto subyace, a veces, es la contradicción en sí misma -enfoques que resulta imposible poner en diálogo-, pero otras veces se trata de la diferencia entre los elementos en los que cada perspectiva, pertenecientes a diferentes escuelas de pensamiento, sitúa el centro de atención. De ahí la necesidad de presentar en las aulas una variedad suficiente de enfoques que, aunque muchas veces serán contradictorios, otras, ofrecerá una complementariedad -siempre que sea posible establecer ese diálogo entre ellos- que puede potenciar el desarrollo de una perspectiva crítica y holística de la realidad social y económica en el alumnado.

Tal y como planteaba el pedagogo Henry G. Giroux, durante la etapa educativa se debe fomentar que el estudiantado desarrolle las competencias necesarias para cuestionar críticamente los imaginarios asumidos de manera previa e irreflexiva, en lugar de ofrecerles un marco racional, objetivo e inquebrantable (Giroux, 1997).

El alumnado, al igual que el resto de la ciudadanía, recibe gran parte de la información sobre lo que sucede en el terreno político, social y económico a través de canales de formación informal, como son los medios de comunicación. Esto es, visiblemente, algo que preocupa a la comunidad académica de las Ciencias Educativo (Pozo y Monereo, 1999; Díaz, Santisteban y Cascajero, 2013), debido al impacto que puede tener sobre la configuración de la percepción de la realidad que en todas sus vertientes desarrolla la juventud.

Ya en el año 1967, Guy Debord, en su libro La sociedad del espectáculo reflexionaba sobre la capacidad del capitalismo para generar ceguera sobre las relaciones de poder vinculadas a la producción y a la economía bajo las que se organiza la sociedad en desigualdad de clases. Para lograr esta ceguera, los recursos que se ponen a disposición de la creación de un discurso de legitimidad objetivada sobre el sistema capitalista deben ser mediáticos. Y, por tanto, este impacto de los medios de comunicación sobre el ámbito educativo puede ser de mayor intensidad en el área de enseñanza de la economía y las ciencias sociales.

 

Lo que comúnmente se conoce como sociedad de la desinformación hace referencia, principalmente, al proceso de manipulación mediática al que se somete a la población sobre determinadas cuestiones, ya sea mediante una estrategia de manipulación directa (y/o sobreinformación) o mediante una estrategia de ocultamiento e invisibilización (Bourdieu, 2006; Chomsky, 2011). Paradójicamente, es el momento de la historia en el que más canales de información existen.

La escuela no puede quedar al margen del impacto que los medios de comunicación y otros canales de información tienen sobre la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico del alumnado (Peinado, 2013).

Por ello, la capacitación para desempeñar una actitud ciudadana crítica frente a procesos de aprendizaje de carácter informal pasa necesariamente por el fomento y la puesta en práctica de la misma durante el periodo de educación formal.

Con respecto a este ámbito de la educación formal, las dos últimas leyes orgánicas de educación anteriores a la actual (la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero; el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; o el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre) mencionan de manera no muy extensa el fomento del pensamiento crítico como habilidad esencial y transversal para el desarrollo de las competencias clave que marca la ley. La ley de educación actual, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) consigue introducir entre sus objetivos principales el pensamiento crítico en la enseñanza de manera mucho más profunda y transversal.

Por ejemplo, en la redacción de los textos de la LOE y la LOMCE prácticamente no se menciona, sí haciéndose en los Reales Decretos asociados a las mismas, por los que se regulan los currículos y las enseñanzas mínimas de las materias en la educación secundaria. Sin embargo, son muchas las materias para las que, según los textos legislativos, parece no ser necesario el pensamiento crítico como estrategia de aprendizaje, siendo la materia de Filosofía la única en la que esta estrategia es mayoritariamente transversal al currículo.

En definitiva, es fundamental el uso de una metodología de enseñanza que fomente la apropiación del conocimiento por parte del alumnado a través del pensamiento crítico como mecanismo de enseñanza-aprendizaje de manera transversal a toda la etapa educativa, así como el uso de una estrategia de aprendizaje aplicada de manera particular a las materias de Economía y Ciencias Sociales que permita al alumnado aprehender, de manera reflexiva, teórica y práctica, la configuración y desarrollo de diferentes procesos sociales desde una perspectiva de economía política.

 

Los orígenes del pensamiento crítico en la enseñanza: enfoques institucionalizados y enfoques alternativos

Aunque exista la creencia de que la preocupación por el pensamiento crítico como vía de aprendizaje pertenece a la era contemporánea, el interés por el desarrollo de métodos para fomentar el pensamiento crítico es casi tan antiguo como el propio pensamiento. De origen filosófico, métodos como la mayéutica, que a través de una consecución de interrogantes pretenden llevar a cabo la investigación y la enseñanza desde la reflexión y el propio conocimiento del alumnado, son desarrollados y llevados a la práctica por filósofos griegos como Sócrates, Platón o Aristóteles. Más adelante, surge una tradición filosófica sobre el estudio del pensamiento crítico, centrada en pensadores como Aquino, Bacon, Descartes, Moro, Locke, Voltaire o Summer, entre muchos otros (Muñoz, 2018).

Así, tanto el origen como la aplicación de los estudios sobre el pensamiento crítico siempre ha sido multidisciplinar, siendo los ámbitos de la filosofía, de la psicología y de la educación, los campos que más se han interesado por teorizar y experimentar las cuestiones relativas al pensamiento crítico (Martín y Barrientos, 2009).

A lo largo del siglo XX, varios autores tratan de introducir el fomento del pensamiento crítico en los procesos de aprendizaje de la educación occidental e institucional. Así, Dewey (1933) determinó que debía ser un eje central para la organización del currículo, Glaser (1941) lo dotó de definición metódica, y Bloom (1956) desarrolla una amplia clasificación de objetivos educativos otorgándole gran importancia al aprendizaje a través del pensamiento crítico: una taxonomía que pone de relevancia los procesos de aprendizaje de orden superior frente a procesos más simples como la memorización y que ha tenido gran influencia en el desarrollo de currículos y planes educativos[2]. De hecho, los procesos que esta clasificación considera más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico son el análisis, la síntesis y la evaluación, es decir, procesos que precisan de un esfuerzo intelectual mucho mayor que otros como la memorización y la repetición (Segovia y Beltrán, 2002).   Por tanto, es durante el siglo XX cuando se trata de consensuar académicamente la concepción que hoy en día tenemos sobre el pensamiento crítico en los procesos educativos[3].

El Informe Delphi definió el pensamiento crítico como “el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado procesos de interpretación, análisis, evaluación e inferencia; así como la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio” (Facione, 1990, p. 6).

A pesar de ello, Nel Noddings, en su libro Philosophy of Education (primera edición en 1995) afirma que, aunque se haya abordado de manera interdisciplinar, no se ha logrado alcanzar un consenso sobre la concepción del pensamiento crítico en la enseñanza.

Al margen de este proceso de institucionalización del enfoque crítico en el sistema educativo durante el siglo pasado, una corriente menos técnica pero más política y que no puede quedar fuera de este artículo por su alto grado de vinculación con los contenidos curriculares de la materia de economía son las teorías pertenecientes al enfoque de la pedagogía crítica. Este enfoque nace con la intención de hacer frente a los modelos de escuelas que se vinieron desarrollando a partir de la industrialización: “se aplicaba el taylorismo a la escuela, contribuyendo a configurar los sistemas educativos como ecosistemas darwinistas al servicio del darwinismo social, económico y político, mediante el aprendizaje individualista y competitivo y la evaluación competitiva, meritocrática, selectiva y segregadora” (Domínguez, 2016, p. 146).

Al contrario de la cita anterior, Henry A. Giroux (2015) afirma en su Manifiesto de la Pedagogía Crítica que:

La pedagogía crítica pone su atención en las formas en que se produce el conocimiento, el poder, el deseo y la experiencia bajo condiciones específicas de aprendizaje […]. Más que afirmar su propia influencia para ejercer autoridad sobre sujetos pasivos, la pedagogía crítica está situada dentro de un proyecto que ve a la educación como central para formar estudiantes socialmente responsables y ciudadanos cívicamente comprometidos. (p. 19)

Por otro lado, la aportación conceptual de Paulo Freire al enfoque de la pedagogía crítica, con el fin de aproximar muchas de las ideas de esta perspectiva a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la práctica en la escuela, ha sido de las más relevantes.

Una de sus principales aportaciones fue el concepto de pedagogía dialéctica, referente a cuestionar y analizar los significados dados por validos sin reflexión previa con el objetivo de encontrar “contradicciones ideológicas y prácticas opresivas” (Muros, 2007). Se basa en procesos de enseñanza-aprendizaje en los que el conocimiento se obtiene a través del diálogo, y el educador y el educando tienen el mismo rol activo, lo que permite pasar del “pensamiento ingenuo” al “pensamiento crítico” y en retroalimentación, fomenta el “verdadero diálogo” que no puede darse si los que dialogan no piensan de manera crítica. (Freire, 1973). Por ello, este es uno de los métodos a los que se les da más importancia en el ámbito de la pedagogía crítica por dos razones principales.

En primer lugar, por su naturaleza democrática al reconocer el derecho y capacidad del estudiantado de hablar y ser escuchado y, en segundo lugar, por la relevancia del diálogo en el proceso de humanización del alumnado a través de la toma de conciencia crítica (Muros, 2007).

El concepto de pedagogía dialéctica es un elemento fundamental del método de enseñanza-aprendizaje de Paulo Freire. Moacir Gadotti, quien fue jefe de gabinete de la Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante la gestión de Paulo Freire, realiza una interpretación del método freireano en cuatro puntos (Gadotti, 2002):

  1. “Leer el mundo”. La primera fase del proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en fomentar la curiosidad para que el alumnado, a través de su autonomía[4], sea capaz de interpretar, generar palabras y temas, y codificar y descodificar la información.
  2. “Compartir la lectura del mundo leído”. Esta segunda fase es la que se alimenta del concepto de pedagogía dialéctica. Se basa en la idea de que el diálogo “no es sólo una estrategia de aprendizaje sino un criterio de la verdad”. Para conocer, para encontrar la verdad, es necesario poner en “diálogo-conflicto” perspectivas propias y ajenas, ya que la veracidad de unas dependen de las
  3. “Producción y reconstrucción del saber”. La tercera fase del método de Freire, según Gadotti, se basa en la concepción de la educación como un espacio de creación de conocimiento, para establecer vínculos y relaciones en base a la información interpretada y puesta en diálogo. Algo fundamental, por tanto, es evitar la mera asimilación y acumulación de conocimientos dados por parte del
  4. “Problematización”. Lo que sucede en los puntos anteriores es una “ida y venida de lo concreto a lo abstracto”. En esta última fase se debe volver a lo concreto y “problematizarlo”, para generar consciencia de las posibilidades y los límites de una acción cultural, social, política, concreta y transformadora. Es esta fase de la problematización la que está más ligada a la teoría de Freire de la “educación para la liberación”, que debe desembocar en una “praxis transformadora”.

La materialización de todo lo anterior sobre la enseñanza de economía en la Educación Secundaria pasa por dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia una comprensión de los problemas socioeconómicos en el marco capitalista desde el pensamiento crítico y la diversidad de enfoques.

Según el Real Decreto 1105/2014:

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana […]. El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea […]. Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras que también pertenecen a las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque (p. 241).

Así, la Ley hace referencia a la importancia de esta materia para la concepción que los estudiantes desarrollan sobre la sociedad y la economía globalizada, y muy brevemente, señala la importancia del enfoque a utilizar. Sin embargo, no menciona la necesidad de aplicar una perspectiva crítica a las enseñanzas en economía.

Existe consenso en el ámbito educativo de que la enseñanza de la economía es imprescindible para formar una población crítica y consciente de las problemáticas que afectan a las sociedades en la actualidad (Travé, 1999). Para lograr este objetivo es necesario “huir del despliegue individualizado de las diferentes disciplinas que se integran en el área” e integrar principios de “multidisciplinariedad, transversalidad e incluso transdisciplinariedad se hacen necesarios para desde el estudio de la economía poder entender el mundo actual” y es sobre lo que se “debe sostener el curriculum de las Ciencias Sociales del siglo XXI” (Cañas, F. y de la Montaña, J. L., 2012, pp. 102).

Pero, además, el papel del pensamiento crítico cobra especial importancia ante el aumento del carácter tecnicista y apolítico de la enseñanza de la economía con los últimos cambios legislativos, potenciando la LOMCE en su conjunto, “la competitividad y la empleabilidad como elementos clave en la educación” y la materia de Economía de 1º de Bachillerato “un enfoque teórico convencional […] del que se desprende una lectura superficial de muchos de los fenómenos económicos básicos” (Murillo, J. y del Rosal, M., 2016; pp. 117 y 120).

 

Referencias bibliográficas

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Debord, G. (1995). La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: La marca.

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[1] Con “oculto” quiero referirme al hecho de no hacer explícita la perspectiva teórica desde la que se explica un contenido determinado. Esto, tal y como denunció en el año 2014 la Internacional Student Initiative for Pluralism in Economics con el manifiesto “An international student call for pluralism in economics” firmado por 42 asociaciones estudiantiles de todo el mundo, es algo muy común en los grados universitarios de economía.

[2] A pesar de las críticas que posteriormente ha sufrido, entre las que destacan la concepción del proceso educativo por parte de la Taxonomía de Bloom como predeterminado y mecanicista (Aubrey y Riley, 2016) y la condición fomentadora del modelo de homogeneidad y pasividad (Gimeno Sacristán, 1985).

[3] La taxonomía de objetivos cognitivos de Bloom (1956) y el Informe Delphi (1988-1989)   son los dos pilares fundamentales para el desarrollo y la institucionalización de esta definición. El Informe Delphi es como se conoce comúnmente al informe titulado Pensamiento Crítico: una declaración de consenso de expertos con fines de evaluación e instrucción educativa, que fue el resultado de los debates que tuvieron lugar entre 1988 y 1989 en un amplio panel con un total de 46 expertas y expertos sobre Pensamiento Crítico y educación.

[4] La autonomía del alumno fue el tema principal de una de las últimas obras de Freire “Pedagogía de la autonomía”, en la que pone en valor tanto la importancia del papel activo del alumnado en su proceso de aprendizaje, como la reciprocidad en la relación de enseñanza- aprendizaje entre estudiantes y profesorado.

Economista, formación en Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la UCM. Actualmente economista en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Madrid. Anteriormente, economista en Juventud Confederal de UGT. Ha sido militante y educadora en el ámbito de la educación no formal y de la educación para el desarrollo en el Movimiento Laico y Progresista de Aragón. En el ámbito de la educación formal, ha sido docente en enseñanza pública secundaria.

La presencia de la filosofía en la educación

Los estudios filosóficos en el actual sistema educativo: de la LOMCE a la LOMLOE

La LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), aprobada en 2013 e impulsada por el ministro Ignacio Wert, mermó enormemente la presencia de la filosofía en el sistema educativo español. Historia de la Filosofía dejó de ser obligatoria en 2º de Bachillerato en el currículo estatal, al tiempo que la asignatura de Ética de 4º de la ESO fue suprimida. Aparecieron, en compensación, una asignatura optativa en 4º de la ESO y una asignatura denominada Valores Éticos, con una carga lectiva de una hora semanal, que era la alternativa a la asignatura de Religión.

En la práctica, esto supuso que la mayoría del alumnado pasase por la educación obligatoria sin haber cursado en ningún momento alguna asignatura específica de filosofía, por más que se pudiese argüir que los contenidos filosóficos están necesariamente disueltos en otras materias. Que la filosofía esté presente soterradamente en otras disciplinas, y que, desde la concepción que sostengo de la misma, cualquier saber categorial entraña (siquiera de forma espontánea) una dimensión reflexiva filosófica, no implica que su papel e interés pueda ser reconocible para el alumnado o la sociedad de no enseñarse como tal. Más aún, el hecho de que la única asignatura presente en la educación obligatoria fuera un mero espejo de la religión confesional, que en este ordenamiento educativo era evaluable y computaba para la nota media, llevaba a asentar una percepción social de la reflexión ética y la filosofía moral como una alternativa doctrinal dirigida a ateos y agnósticos, en vez de un análisis del cuerpo de ideas articulado en torno a la persona, en tanto que sujeto de derechos y deberes capaz de desplegar cursos de acción. La ética como el sustitutivo de los que no tienen fe o una fe laica, identificada con una suerte de retórica moralista, en vez de una crítica de las ideas morales engarzadas en la realidad histórico-política.

En lo tocante al Bachillerato, las comunidades autónomas tendieron, en general, a usar sus competencias en materia curricular para mantener la obligatoriedad de la Historia de la Filosofía en las diversas modalidades. Eso permitió paliar los efectos más nocivos de la ley educativa a la hora de desarbolar la presencia de la filosofía en el sistema escolar.

Con todas las críticas que pueden formularse sobre la nueva ley educativa, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuyos cambios curriculares empiezan a surtir efecto en el curso académico 2022-2023, lo cierto es que la Filosofía ha recuperado su estatus en los estudios de Bachillerato, volviendo a ser obligatoria en ambos cursos de la etapa y en todas sus modalidades. En lo relativo en la ESO, se establece la obligatoriedad de que el alumnado curse durante el ciclo una asignatura de Valores Éticos, en la que han de figurar contenidos relativos a la reflexión ética junto con la igualdad de género, inclusión, política medioambiental. Pero esta asignatura no se asigna a 4º de la ESO, sino que las comunidades autónomas pueden desplazarla a cualquier curso de la ESO.

Cabe discutir si esta asignatura es realmente un restablecimiento de la antigua asignatura de Ética o si, más bien, su temario recuerda a la Educación para la Ciudadanía de la época de Rodríguez Zapatero. Y ello no es baladí, pues si la Ética como disciplina está revestida de la condición de reflexión crítica sobre las ideas morales, apoyada en la psicología, la sociología o la teoría política, el rótulo de Valores Éticos arrastra una connotación de catecismo laico, donde los valores se presuponen como una dogmática. No pretendo con ello dar carta de naturaleza a quienes, apelando a la libertad de expresión, buscan poner en solfa el derecho a no ser discriminado por razones de raza o género, o normalizar posiciones xenófobas u homófobas. Pero el ejercicio filosófico no puede restringirse a recitar el ordenamiento constitucional o glosar las recomendaciones de la ONU, sino que ha de regresar sobre sus fundamentos, reconstruirlos y recorrer su trama conceptual y su despliegue histórico.

Naturalmente que en el ejercicio de su libertad de cátedra el profesorado está, en general, capacitado para aprovechar las posibilidades de las diferentes asignaturas; pero, mientras que una asignatura formalmente denominada Ética no sería cuestionada, por entenderse que es una parte de la tradición de la filosofía moral, la denominación Valores Éticos da pie a los partidos de la derecha a cuestionar la pertinencia de tal materia, apelando al anatema del adoctrinamiento y a la intromisión en la libertad de los padres para transmitir una determinada educación moral a sus vástagos. No me resisto a introducir aquí una pequeña digresión. Y es que el sistema educativo no puede sino adoctrinar a determinado nivel. Mientras que las asignaturas de carácter científico-técnico, en general, no son objeto de controversia, salvo para determinadas sectas que no aceptan la evolución biológica o pretenden defender la literalidad de los textos bíblicos, no ocurre así con las del ámbito humanístico y de ciencias sociales y, sobre todo, con la inspiración de las leyes educativas y los valores que éstas tratan de promover. Se suele sobreentender que las asignaturas científicas tienen un carácter objetivo, derivado de sus bases observacionales o de los teoremas en que se apoyan sus verdades y leyes; aunque se derivan de ellas implicaciones ontológicas y cuestiones de índole epistemológica. Pero en las ciencias sociales se suscitan cuestiones que remueven la forma de comprender los procesos sociales y las bases antropológicas. Es difícil explicar la historia de ningún periodo, en especial aquellos que inciden en heridas sociales, sin comprometerse con algún enfoque metodológico e interpretación.

En cuanto a los valores presentes en el sistema educativo, los colectivos conservadores tienden a considerar que hay siempre una tentativa de entrometerse en la potestad de los padres para educar a los hijos según su criterio. Ahora bien, hay una serie de principios doctrinales e ideológicos que forman parte del suelo constitucional en que se asientan los regímenes demo-liberales y los Estados sociales. Se trata de elementos que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento constitucional, que vienen a constituir una suerte de mínimo común que han de respetar las diferentes opciones de pensamiento toleradas en la arena pública, y que han de fundamentar el propio sistema educativo. Se puede decir que tales principios doctrinales, como la igualdad racial, la libertad de opción sexual o la no discriminación, revisten un carácter neutral; entendiendo que la neutralidad nunca puede ser absoluta, pues siempre hay una base de asunciones ideológicas, sino relativa a unos principios compartidos.

Uno de los propósitos del sistema educativo, que atañe a los contenidos filosóficos y también a los contenidos transversales, es capacitar al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía; ello puede llevar a una tensión con el ámbito familiar, pues la potestad de los padres para decidir sobre la inspiración de la educación que reciben sus hijos no puede coartar los derechos fundamentales de éstos en lo que atañe a cuestiones como sus opciones sexuales, ni tampoco aislarlos del conocimiento de elementos dispuestos en el currículo educativo.

Retomando el tema de este artículo, hay que recordar que en octubre de 2018 hubo un amplio acuerdo parlamentario en torno a la necesidad de restablecer los estudios filosóficos en los institutos, plasmado en la aprobación de una proposición no de ley en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, con el apoyo de PP, CS, PSOE y UP, para que la filosofía se estudiase en un ciclo formativo de 3 años: un curso en 4º de ESO, restituyendo Ética, y en los dos años de Bachillerato. Como ya he comentado, la LOMLOE cumple ese acuerdo en Bachillerato, pero no restablece como tal la Ética de 4º, sino que fija la obligatoriedad de estudios éticos en cualquier curso de la ESO. Además, la Filosofía optativa de 4º de la ESO deja de estar en la ley estatal, aunque las comunidades autónomas han optado por mantenerla en su oferta regional. La Red Española de Filosofía, integrada por decanatos de las facultades de filosofía, investigadores del CSIC y asociaciones de filosofía de toda España, que llevó a cabo numerosas acciones reivindicativas contra la LOMCE y por el restablecimiento de las materias filosóficas en Enseñanza Media, manifestó su decepción con la LOMLOE. La reivindicación de crear un ciclo estructurado de estudios filosóficos entre la enseñanza secundaria y el bachillerato, recogida en sede parlamentaria, sólo fue respetada a medias. Desde esta asociación se venía reclamando que se asegurase que la presencia de los estudios relacionados con la filosofía se impartiese desde los departamentos de Filosofía, por personal cualificado en estos estudios y con una presencia y carga lectiva acorde a la importancia de la materia. Y es que no deja de ser un contrasentido que las leyes educativas recojan asiduamente en sus exposiciones de motivos la pretensión de una formación integral y el fomento del pensamiento crítico y procedan, después, a laminar aquellas materias que, justamente, están enfocadas en la reflexión crítica sobre los contenidos del presente.

 

¿Qué es la Filosofía?

Abordar el porqué la filosofía debe tener presencia en el sistema educativo, más allá de un puro interés gremial de los licenciados o graduados en filosofía, obliga a explicitar qué se entiende por Filosofía. Me acogeré para ello a la obra ¿Qué es la Filosofía? de Gustavo Bueno, en la que justamente se abordaba el papel de la filosofía en la educación.

Debemos empezar sentando que el sistema educativo pretende la capacitación tanto en asignaturas científicas como humanísticas, a fin de dotar al alumnado de unos elementos imprescindibles para proseguir los estudios en aras de la cualificación laboral, así como progresar en el desarrollo de la personalidad y la capacidad para una comprensión global de la realidad, integrando la dimensión cognitiva, la afectiva y la axiológica. Y es precisamente en torno a esta función de integración de estos tres aspectos, donde la filosofía cobra su interés en el ámbito educativo.

Pero debe tenerse en cuenta que hay diferentes sentidos posibles que pueden dársele a la filosofía, diferentes formas de entender esta disciplina que deben considerarse como un sistema dialéctico de alternativas. Por de pronto, la contraposición, siguiendo a Bueno, entre filosofías exentas y filosofías implantadas o inmersas. Las primeras se remiten a un plano intemporal, donde reposaría la naturaleza del ser, algún arcano espiritual o un cuerpo de ideas que se configura más allá de la realidad histórico-social. También cabe entender como filosofías exentas aquellas que se limitan a la re-exposición histórica de la tradición filosófica, sin integrarla con otras materias ni conectarla con las problemáticas del presente.

Las filosofías implantadas o inmersas interpretan la filosofía como un cuerpo de cuestiones engranadas en los ritmos del presente y del desarrollo social, histórico-político y técnico. Pero algunos de sus enfoques niegan que la filosofía tenga un campo propio y la restringen a ser una exploración de los límites y confusiones del lenguaje, considerando que no hay verdaderos problemas filosóficos sino sólo malentendidos lingüísticos que deben ser disueltos. La filosofía analítica se abonará a este enfoque, cifrando en la renuncia al reconocimiento de un campo propio de conocimiento para la filosofía la superación de la especulación metafísica no fundamentada.

Otra forma de filosofía adjetiva sería la filosofía espontánea, desarrollada en torno a los distintos saberes científicos. Cuando los practicantes de las ciencias rebasan la enunciación de las verdades categoriales propias de sus disciplinas y tratan de extraer sus implicaciones en la comprensión general de la realidad, o cuando desarrollan especulaciones sobre cuestiones en las que no hay datos ni bases empíricas, despliegan consciente o inconscientemente reflexiones de corte filosófico.

Desde la concepción materialista de la filosofía, a la que me abono, es un saber que tiene un campo característico de trabajo: los sistemas de ideas que constituyen las bases del pensamiento de las diferentes sociedades y grupos humanos.

Las ideas son contenidos objetivos de las culturas humanas que se generan a partir de los conceptos con que las comunidades humanas, a través de las técnicas y los otros ámbitos de su actividad, definen y categorizan los diferentes aspectos de la realidad. Los conceptos nos brindan las definiciones asociadas a las palabras, teniendo una dimensión lingüística, la intensión de los términos de lenguaje, y una dimensión psicológica, en tanto que, al aprender a servirse de ellos, los sujetos los asimilan, generando así una representación mental. Pero lo sustancial es que los conceptos son siempre relativos a un ámbito específico de actividad, a un campo técnico, artístico, científico, etc.

Así, por ejemplo, el concepto jurídico de libertad hace alusión a una serie de derechos reconocidos en los ordenamientos constitucionales, relacionados con la facultad del sujeto para decidir cómo actuar y pensar de forma responsable. Pero ese concepto de libertad nos remite a una serie de fundamentos antropológicos y ontológicos; la capacidad del sujeto para autodeterminar su conducta u obrar de forma autónoma, que tienen que delinearse a través de condicionantes biológicos, psicológicos, sociales y políticos. Esos fundamentos pueden ser abordados desde diferentes perspectivas que dan lugar a diferentes concepciones, contrapuestas entre sí, sobre la libertad, que a su vez influyen sobre los desarrollos legislativos y los procesos históricos de los que han brotado.

Las ideas surgen a partir de los conceptos técnicos, científicos o morales. Cuando los conceptos desbordan el ámbito en el que brotan, porque suscitan cuestiones de fundamento que obligan a una reflexión que traspasa el campo de origen, o cuando se aplican por analogía en otros ámbitos disciplinares, los conceptos originan ideas. Las ideas son transversales a varias disciplinas y expresan los supuestos ontológicos que laten tras ellas. Volviendo al ejemplo de la libertad jurídica, la comprensión de lo que sean los derechos relacionados con la libertad nos obliga a considerar otros saberes como la psicología, la sociología, la antropología o la historia, a través de los que se va modulando la idea de libertad.

Las ideas expresan la tensión e interdependencia entre los conceptos de diferentes disciplinas y su evolución histórica. De esta forma, la filosofía es siempre un saber de segundo grado, de carácter reflexivo: no puede haber filosofía sin una base de conceptos generados a partir de la categorización que los saberes técnicos y científicos hacen de la realidad; es el despliegue de estos conceptos, merced al desarrollo de las sociedades humanas, el que propicia la cristalización de las ideas. So pena de tornarse palabrería huera o especulación infundada, la filosofía ha de tomar pie para su trabajo de reflexión, en el nivel de desarrollo de las ciencias y las técnicas, y las ideas que en torno a ellas se destilan.

Desde esta perspectiva, la filosofía no es puro asombro, asimilable simplemente a la actitud psicológica del niño que inquiere respuestas; aunque ciertamente puedan trazarse paralelos. Sócrates, por ejemplo, ejercía su actividad de cuestionamiento sobre los conceptos de virtud, verdad, belleza o justicia propuestos por el desarrollo de la poesía, las instituciones políticas atenienses y las artes retóricas; buscaba que sus interlocutores, mediante el método del diálogo y la estrategia de preguntas y respuestas, tomasen conciencia de la insuficiencia de sus propias doctrinas y fuesen capaces de percatarse de las alternativas teóricas, avanzando hacia concepciones más depuradas mediante un ejercicio crítico.

Las ideas son generadas a partir de la actividad de las comunidades humanas y sus diferentes ámbitos de actividad; especialmente, de los saberes científicos y técnicos sobre los que se articula la estructura productiva y el tejido institucional de cualquier sociedad política compleja. Son las propias comunidades humanas, fragmentadas en sociedades políticas, estructuras de clase y ámbitos profesiones, y hoy interconectadas polémicamente en un sistema-mundo internacional que se adentra en la II Guerra Fría, las que engendran las ideas, de la misma manera que las comunidades hablantes generan el lenguaje. Es lo que Kant llamaba la acción legisladora de la razón, sobre la que tiene que trabajar la filosofía académica.

En atención a todo lo dicho, identificar sin más la filosofía con el pensamiento resulta erróneo y confuso. Todo ser humano piensa en la medida en que está dotado de sistema nervioso central y funciones cognitivas; aun cualquier animal con sistema nervioso complejo es capaz de analizar su entorno y desplegar conductas adaptativas no fijadas instintivamente como respuesta.

Por supuesto, “pensar” hace alusión a la reflexión del ser humano sobre los conceptos e ideas en que ha sido socializado y tiene asimilados, así como la capacidad de usarlos competentemente en actividades productivas, desarrollos teóricos o en el marco de sus interacciones sociales. El mecánico piensa de forma sofisticada cuando trata de detectar una avería y, particularmente, cuando ocasionalmente tiene que suplir las carencias de los procedimientos habituales ante algún desafío profesional que pueda presentársele.

La filosofía no arranca de la experiencia aislada del sujeto, sino de la experiencia troquelada por todo el sistema de saberes que constituyen el bagaje de las sociedades, que van reordenando y engrosando el sistema de ideas históricamente configurado. La reflexión filosófica consiste en recorrer la urdimbre de las ideas, mostrando sus interconexiones y su dependencia con respecto a los saberes de primer grado que las engendran, para, finalmente, reconstruirlas exponiendo el sistema de alternativas que quepa a la hora de fundamentarlas. Si nos fijamos de nuevo en la idea de libertad, que va cuajando a través del Derecho, la psicología y las ciencias sociales, veremos que la concepción liberal de la libertad difiere de la republicana, de la visión socialista o de la escolástica, al tiempo que esas concepciones son interdependientes, puesto que se niegan y confrontan entre sí, conectándose con otras ideas como la de persona o la de justicia.

 

¿Por qué mantener la filosofía en el sistema educativo?

Por todo lo dicho, el sentido de la presencia de la filosofía, como disciplina académica, en los centros de Educación Secundaria y Bachillerato es proporcionar al alumnado una visión integradora, de conjunto, de los diferentes aspectos de la realidad roturados por las disciplinas científicas, técnicas, artísticas, psicológicas, políticas o morales. Pero no se trata de reducir la filosofía a una suerte de saber enciclopédico; sino de entender que, si el campo de trabajo de la filosofía son las ideas generadas por la actividad vital humana en sus diferentes aspectos y a través de los diversos saberes, al analizar las implicaciones de los diversos saberes en nuestra comprensión general de la realidad, como una actividad crítica que revisa permanentemente sus propios planteamientos y sitúa dialécticamente las diferentes alternativas doctrinales, la filosofía se nos presentará como un saber de segundo grado, en el que solo puede empezar a avanzarse cuando se parte de la base de las otras disciplinas.

Situar las preguntas sobre la estructura y articulación de la realidad, las bases ontológicas, las preguntas sobre los fundamentos del saber humano en sus diversas vertientes y el sentido de la verdad o las preguntas sobre el sentido de la existencia humana. Todos esos planos, ontológico, político-ético, antropológico o epistemológico, se vertebran a través del sistema de ideas que componen las bases de nuestro pensamiento social e histórico. Y por ello, la filosofía debe tratar de dar herramientas para que el alumnado pueda desplegar una reflexión mínima sobre los diversos saberes y actividades que componen su entorno vital y formativo, así como de los sentimientos y emociones que configuran su vida íntima, en conexión con su ser social. Finalmente, la filosofía es una disciplinan clave para el ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad democrática, puesto que sistematiza las alternativas acerca de las ideas políticas y los valores cívicos, permitiendo enjuiciarlas y posicionarse en torno a ellas.

Ovidio Rozada es licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, directivo de la Sociedad Cultural Gijonesa y profesor de enseñanza secundaria en Corvera, un concejo próximo a la ciudad de Avilés.

Contra la nueva EBAU: en defensa de las disciplinas

La legislación educativa

Cada nueva ley educativa (y van 8 desde 1970, aprobadas y aplicadas con desigual fortuna) trae consigo su correspondiente dosis de polémica, debate público y acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición. Sin embargo, los asuntos sujetos a disputa no han cambiado al menos desde la implantación de la LOGSE, en 1995 -el papel de la Religión en el currículo, la relación entre la educación en valores y el adoctrinamiento, la cantidad de horas lectivas destinadas a la enseñanza de la Filosofía, el número de materias suspensas que permiten promocionar, etc.- . Sin restarles demasiada importancia, lo cierto es que el impacto de estas modificaciones en la práctica docente ha tendido a ser muy bajo, y todas las leyes aprobadas en el presente período de Segunda Restauración borbónica han coincidido en lo esencial: la generalización de la promoción y titulación para al mayor número posible de alumnos, la evolución de un modelo de enseñanza pretendidamente memorístico a uno competencial, la transformación del sistema educativo para adaptarlo a las demandas de la división internacional del trabajo (que se traduce en España en un proceso recurrente de terciarización y precarización), y la imposición creciente de la ideología pedagogista en los currículos y metodologías.

No obstante, si bien las leyes educativas tienden a no promover cambios de gran calado, algunas normas sí han supuesto un antes y un después en la organización del sistema educativo. Desde luego fue el caso de la LOGSE, que reordenó las etapas educativas hasta conformar las que aún están vigentes; y lo han hecho también los desarrollos autonómicos de las normas estatales, en especial los decretos de concreción del currículo (que han servido, como hemos visto en las últimas décadas, para adaptar el currículo al proyecto ideológico de la administración autonómica de turno, desde la promoción de la ideología neoliberal a la de los planes secesionistas).

Hoy nos encontramos ante uno de esos cambios que sí podría afectar estructuralmente al sistema educativo tal y como lo conocemos, o al menos a una parte de él. Al analizarlo es complicado no aventurar más de la cuenta, ya que del Decreto que lo desarrollará aún no sabemos nada y el Ministerio de Educación no nos ha servido más que una somera presentación de Power Point que apenas dibuja los detalles más básicos (así como un calendario de implantación que nos informa de que nuestros alumnos serán las cobayas del experimento al menos hasta 2027). Esta novedad, que no se presenta en forma de ley orgánica sino de desarrollo de la LOMLOE, es la propuesta de un nuevo modelo de EBAU (antigua Selectividad).

El proyecto se encuentra en trámite de implantación, entre la incertidumbre y el desconcierto generalizados en los centros y, no tan sorprendentemente, ante la más descorazonadora pasividad y connivencia de sindicatos y profesores (que en general han decidido no hacer ruido, a pesar de que en algunos casos convierte su trabajo en superfluo, al menos en la práctica). Suponemos que el signo de los partidos en el Gobierno tendrá algo que ver con este misterioso silencio.

Lo cierto es que, por esta razón u otras (la propuesta llega tras la publicación de la Ley y los Decretos de currículo, tras el verano, apresuradamente, ahogada por el trasiego del inicio del curso; aparentemente afecta solo al profesorado de Educación Secundaria; el modelo de Selectividad actual tiene muy mala fama), esta medida parece haber pasado desapercibida a la mayor parte de la opinión pública.

 

El nuevo examen

La nueva prueba busca, de acuerdo con el Ministerio, reducir la cantidad de exámenes (actualmente se realizan de cuatro a ocho) y abandonar progresivamente el modelo vigente, que califica de “memorístico”. El grueso del nuevo examen lo constituirá una “prueba de madurez académica”. En esta parte de la selección, se entregará a los alumnos un dossier formado por un conjunto de documentos (no se especifica de qué naturaleza) acerca de un “mismo tema (de actualidad, científico, humanístico, etc.)”, que deberán analizar mediante la respuesta a una serie de preguntas abiertas, semiconstruidas y cerradas. Dado que desaparecerá el examen específico de la materia de inglés, algunas de dichas preguntas serán formuladas en esta lengua, mezclándose en el mismo ejercicio el español y el idioma extranjero.

La segunda parte de la prueba consistirá en un examen de la materia obligatoria para cada modalidad del Bachillerato (Matemáticas en el científico, Dibujo Artístico o Análisis Musical/Artes Escénicas en el artístico, Latín en el humanístico, Ciencias Generales en el general). Este examen específico ponderará un 25% sobre la calificación (de modo que la llamada “prueba de madurez” lo hará el 75% restante).

Además de estas dos pruebas obligatorias, correspondientes a la “fase de acceso”, los candidatos podrán realizar otros dos exámenes de las asignaturas que escojan entre las de su modalidad y las comunes a todas las ramas (como Lengua o Inglés). Serán las universidades las que decidan cuánto contará la nota de estas pruebas específicas a la hora de solicitar el ingreso en cada carrera universitaria particular.

La implantación de este nuevo sistema se realizará de forma gradual, de modo que en los próximos años los alumnos tendrán aún que realizar algunos de los exámenes que habrán desaparecido para 2017, cuando se espera que esta reforma haya entrado plenamente en vigor. Para entonces, los alumnos realizarán un máximo de cuatro exámenes.

 

¿Evaluación de acceso a la universidad?

Así, podría darse el caso de que un alumno recién ingresado en el Grado de Arquitectura, por ejemplo, lo haya hecho sin examinarse nunca de Física o Dibujo Técnico, y con una calificación pobre en Matemáticas; siempre que hubiese obtenido una nota alta en la “prueba de madurez” en inglés y español, y durante ambos cursos del Bachillerato (perjudicando a los alumnos de aquellos centros más exigentes, y beneficiando a los de centros en los que se “inflan” las notas, al disminuir el peso de la prueba externa). Del mismo modo, un aspirante a acceder a la carrera universitaria de Filología Hispánica o Inglesa podría obtener su calificación de acceso sin haberse examinado sobre los conceptos más elementales de la gramática -habiendo, de hecho, realizado una prueba con preguntas cortas y otras menos cortas en que se mezclasen ambas lenguas-.

El nuevo modelo de Selectividad es, pues, menos selectivo -menos clasificador: tiende a unificar los exámenes y reducirlos, homogeneizando así a los candidatos- para un examen que ya supera la aplastadora mayoría de ellos (más del 96% en 2022). A pesar de las buenas cifras (la media de los alumnos aprobados supera el 7) se insiste en la innecesaria dificultad de la prueba y su duración tediosamente exagerada.

Sin lugar a dudas, el modelo vigente tiene aspectos criticables (por ejemplo, la injusticia que supone que haya exámenes diferentes en los diversos territorios, cuando el distrito universitario es único). Sin embargo, la propuesta no viene a atajar estos problemas sino a profundizar en ellos y, probablemente, a generar otros nuevos.

Ya hemos mencionado que el nuevo modelo, si no se modifica, beneficiará a aquellos estudiantes procedentes de centros en que se califique “por lo alto” en Bachillerato (un apunte: parece existir una tendencia a que los centros que empeoran sus resultados en la EBAU sean de titularidad privada o privada concertada). Y las razones de esta parcialidad de las pruebas no se reducen a la baja ponderación de los exámenes específicos a que nos hemos referido: la mayor dificultad a la hora de diseñar un ejercicio justo es la redacción y posterior calificación de la pretendida “prueba de madurez”.

Dejemos de lado, por el momento, la dificultad de determinar objetivamente en qué pueda consistir la madurez académica, concepto que por descontado no se explica (si no es en la aplicación competente de los conocimientos, necesariamente académicos, de las distintas disciplinas a problemas y ejercicios propios de sus campos, o lo que antes se llamaba “examen”).

En primer lugar, ¿cómo diseñar una prueba capaz de evaluar dicha madurez? ¿Qué temas “de actualidad” permitirán, por ejemplo, evaluar la “madurez académica” de un alumno en el área de la cultura clásica? ¿Qué posiciones u opiniones de los alumnos serán las que acrediten dicha madurez? ¿Estará demostrando falta de ella el candidato que exhiba una posición crítica, por ejemplo, ante los contenidos ideológicos que, disfrazados de competencias, se han colado entre los saberes básicos del Bachillerato y hasta en los objetivos de la etapa? ¿Qué temas “de actualidad” serán susceptibles de formar parte de una prueba? ¿Cómo se asegurará que las distintas Administraciones Educativas no instrumentalizan los exámenes escogiendo los “temas de actualidad” que mejor se ajusten a sus agendas? ¿Puede evaluarse, por ejemplo, la competencia de un hablante de inglés como segunda lengua salpicando de preguntas cortas un ejercicio en español? ¿Es esta, como se anuncia desde el Ministerio, la forma idónea de evaluar las competencias del discente?

En segundo lugar, no se puede olvidar que la EBAU es un proceso selectivo en que la calificación, por mucho que les pese a sus detractores, es el elemento que permite o no a los estudiantes acceder a la mayoría de grados universitarios. ¿Qué criterios se ofrecerá al profesorado corrector para calificar la madurez -o quedará esto a discreción de los correctores, introduciendo un vergonzoso elemento de desigualdad entre los aspirantes-? Las disciplinas particulares -Inglés, Lengua, Historia, Filosofía, etc.- establecen criterios internos a la materia para determinar la corrección o incorrección de una respuesta, pero, ¿qué estándar puede medir la madurez o inmadurez de la postura de un discente ante un “tema de actualidad” pretendidamente transversal a todas ellas? ¿Cómo va a asegurarse la igualdad entre los candidatos de todos los territorios cuando la mayor parte de su prueba en la fase de acceso (el 75%) consistirá en perorar más o menos libremente, según la pregunta, sobre un asunto diferente al de su competidor de otra región?

De acuerdo con el documento de que disponemos, los exámenes podrán ser corregidos de forma colegiada por profesores de distintas materias. ¿Qué sucederá en caso de discrepancia acerca de la competencia del alumno entre, por ejemplo, el profesor de Inglés y la de Historia? Además, según informa la misma propuesta, la guía de corrección recogerá las “ideas, expresiones y estructura” que deberán figurar entre las respuestas del alumnado. Aparentemente, en este modelo de evaluación “competencial”, el “saber hacer” y la madurez consistirán en acertar -o haber memorizado- las fórmulas que se considerarán correctas. ¿No acabará siendo esta prueba generalísima más memorística que la vigente?

 

El modelo memorístico no existe

La mayor parte de las críticas al llamado “modelo tradicional” de escuela, que se hace coincidir a menudo con lo que se suele llamar “enseñanza memorística”, atacan un hombre de paja que, si alguna vez existió, hace mucho que está extinto. La caricatura del centro educativo en que se repite con tedio la lista de los reyes godos hasta que “con sangre entre” dista mucho de la realidad de los centros educativos, y esto ya era así antes de que las autoridades educativas introdujesen la afortunada noción de “competencia” en el currículo. Y ello por dos razones: la primera procede de la psicología del aprendizaje; la segunda, de la teoría del conocimiento.

Por un lado, quienes denostan el aprendizaje memorístico critican fundamentalmente la mera repetición de enunciados, desprovista de significado para el estudiante (el clásico “memorizar para vaciarse en el examen, y olvidar a continuación”). Efectivamente, sabemos que existen diferencias entre las formas de procesar la información de la llamada “memoria semántica” -la que se refiere a la capacidad de recordar datos o conocimientos desconectados de la propia biografía- y la “episódica” -la capacidad para recuperar experiencias o vivencias autobiográficas-. De acuerdo con abundante evidencia experimental, los contenidos que se fijan en la segunda son más susceptibles de permanecer en la llamada “memoria a largo plazo”, mientras que los conocimientos generales que integran la memoria episódica son más proclives a ser olvidados pasado el corto plazo. Además, y según se cree generalmente, cuando los nuevos conocimientos se pueden relacionar con otros ya almacenados en la memoria (el llamado “aprendizaje significativo”) este tiende a permanecer en la memoria con mayor facilidad.

Dejemos por el momento la crítica razonable que cabe hacer a esta concepción de la memoria como un “doble almacén”, uno más profundo y otro más superficial, del que los individuos recuperaríamos las ideas y experiencias recopiladas a demanda (ya que tanto concepciones alternativas a este modelo como la evidencia experimental parecen apuntar a que la memoria no funciona así, o al menos no siempre). Incluso suponiendo que exista un nivel más profundo de procesamiento de la información que la fije a largo plazo, sabemos desde los años 70 (Jacoby, Bartz y Evans o Anderson, por ejemplo) que la repetición contribuye también a retener los datos a este nivel. Por otra parte, el sistema de enseñanza que impera hoy en los centros educativos (en especial en los de educación secundaria no obligatoria) no fomenta esta mera repetición no comprensiva de los contenidos, sino más bien su aplicación; y ello no solo en las asignaturas de índole más “práctica” sino también en las humanidades y ciencias sociales. El hecho de que un porcentaje relativamente alto del alumnado memorice efectivamente los contenidos sin comprenderlos no significa que esta sea la situación ideal a que tiende el diseño del modelo (y los profesores que me lean se habrán encontrado a menudo casos de alumnos que fracasan en Bachillerato por no comprender bien, saber relacionar o ser capaces de aplicar un volumen ya considerablemente alto de conocimientos en estos niveles). La posibilidad del aprendizaje significativo (la capacidad de establecer relaciones entre lo que uno ya sabe y lo que aprende) descansa, justamente, sobre la sujeción previa  a la memoria de lo que uno ya sabe.

La segunda razón tiene que ver con la naturaleza misma de los conocimientos, que son plurales y heterogéneos no solo en sus contenidos sino también en sus formas de proceder. Cada materia cuenta con sus propios términos (conceptos internos a su campo, que tienen significados distintos en uno y otro -pensemos, por ejemplo, en la palabra “fuerza”, que no significa lo mismo en clase de Física y de Educación Física), operaciones (las acciones propias de la disciplina, que no suelen coincidir con las de otros ámbitos) y relaciones entre esos términos que derivan de dichas operaciones (el signo “igual” indica un tipo de relación algebraica que se demuestra hallando el valor de la incógnita en la ecuación y probando su corrección). Intentar hallar “competencias transversales” que agoten esta pluralidad de formas de ejercitar los conocimientos es tan absurdo como intentar encontrar las partes de un soneto de Quevedo diseccionándolo en un laboratorio u observándolo al microscopio.

De modo que, si el aprendizaje competencial consiste en un “saber hacer” ajustado a las distintas disciplinas, esto es exactamente lo que se lleva a cabo en las escuelas con mejor o peor fortuna: saber resolver un sistema de ecuaciones, saber escribir un texto argumentativo, saber dibujar la planta y el alzado de un edificio, saber redactar un e-mail en francés, saber calcular el amperaje de una red eléctrica, saber comentar un documento histórico, saber recordar y ubicar la capital de Estonia. Todas estas operaciones requieren de operaciones de repetición y memorización de distintas clases, y de la capacidad para realizar con eficacia las acciones necesarias para aplicar los conocimientos a un problema determinado. Por ello, paradójicamente, cuando se priva a los alumnos de aplicar los ejercicios, conceptos y relaciones propios de cada campo, se les fuerza a mecanizar (memorizar) fórmulas huecas de resolución de problemas, pretendidamente transversales (que no existen, por la especificidad y particularidad del proceder de las distintas materias a que nos hemos referido). La brecha fuerte que los defensores del modelo competencial suponen entre “competencia” y “memoria” no es tal: ambas constituyen dos momentos inseparables del mismo proceso.

 

En defensa de las disciplinas

Por supuesto que es posible, y deseable, establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias que componen el catálogo disciplinar del Bachillerato. Constituye probablemente una prueba de la “madurez” del discente el que este sea capaz de identificar las conexiones entre los conocimientos parciales y heterogéneos que posee del mundo y hasta con sus propias experiencias y los problemas (sociales, políticos, económicos, etc.) de su presente. La cuestión es que esta visión crítica, transversal (filosófica, capaz de superar el punto de vista de una sola disciplina) procede necesariamente de poseer con anterioridad ese conocimiento. Es imposible razonar acerca de las relaciones entre realidades que se desconocen. A esto, probablemente, contribuirá el nuevo modelo de EBAU: a que los alumnos memoricen (no significativamente) una serie de fórmulas o mecanismos que aparenten relacionar los contenidos. Si en lugar de realizarle una prueba específica para medir las capacidades del alumno en ámbitos particulares se le invita a demostrar su competencia generalísima de análisis multidisciplinar, lo previsible es que el alumno no sea capaz de demostrar sus competencias en estos ámbitos, si es que las tiene.

¿Y por qué pensamos que van a perder la capacidad de obtener dichos conocimientos y competencias, si la estructura del Bachillerato, su currículo y materias van a permanecer casi inalteradas?

El Bachillerato, como etapa no obligatoria de transición a la Educación Superior (salvo en casos minoritarios, como los de los alumnos que desean preparar una oposición que lo requiere) se organiza y orienta hacia la realización de la EBAU. Podría objetarse, por supuesto, que este no debería ser el caso (por ejemplo, porque debería primar el aprendizaje significativo a la mera competencia para realizar un examen). Aún cuando aceptáramos la objeción (no lo hacemos, puesto que, como hemos dicho, para realizar esos exámenes es preciso haber realizado dicho aprendizaje), nuestro deseo no modifica la realidad, y esta es que los alumnos se esfuerzan para obtener una calificación suficiente para alcanzar la nota de corte requerida por el Grado de su elección. Además, es justo que se les califique con neutralidad y objetividad para este fin, tanto para ellos (de modo que sepan cuánto y cómo saben) como para quienes compiten con ellos por el mismo puesto en la universidad.

Por lo mismo, la desaparición de las pruebas específicas y la alta optatividad de estas convierte en la práctica numerosas asignaturas en materias “de segunda”, que no se evaluarán más que durante los cursos correspondientes en el entorno del centro. La desaparición de una prueba externa de medición que equipare el nivel entre los centros hace desaparecer también el elemento de presión que forzaba a profesores y alumnos a alcanzar un nivel mínimo determinado (el requerido para aprobar la EBAU). Eliminado este elemento, la evaluación del nivel en asignaturas tan fundamentales como Física o Inglés quedará al albur del profesor o del centro.

No se trata solamente de la pérdida de relevancia (o directa desaparición) de los contenidos de las asignaturas humanísticas que quedarán desdibujadas en el ámbito evaluado por la “prueba de madurez” (Literatura, Historia, Filosofía). Se trata también de la supresión del principal mecanismo de control externo de la enseñanza en disciplinas tan relevantes para el sistema productivo español y su competitividad como las ciencias y las tecnologías.

 

Sobre las posibles consecuencias

Se podría argumentar, ante las previsiones alarmistas, que las consecuencias de esta pérdida de peso de las disciplinas particulares en la enseñanza del Bachillerato afectan exclusivamente a parte del alumnado (en particular, aquella parte que desea cursar estudios universitarios). Lo que ocurre es que esa parte no es en absoluto despreciable.

En todo caso, en efecto, el principal eslabón del sistema educativo afectado por la reforma es la educación universitaria, ya que será esta la que deba lidiar con la ausencia de filtro y la homogeneización de las calificaciones. Ante el previsible ingreso de alumnos que no alcancen los conocimientos mínimos en ciertas materias, necesarios para cursar ciertos Grados, serán los centros universitarios los que se vean obligados bien a impartir enseñanzas complementarias para los adquieran, bien a rebajar el nivel para adecuarlo al medio de los nuevos alumnos. Naturalmente, la eliminación de pruebas específicas obligatorias en Biología o Francés no significa necesariamente que los alumnos dispuestos a entrar en Bioquímica o Filología no dispongan de los conocimientos necesarios. Significa, simplemente, que quienes los admiten para cursar enseñanzas superiores no pueden confiar en que los tengan. De nuevo, ante esta perspectiva, es llamativa la ausencia de oposición del profesorado y la administración universitarias, que, como sostenemos, son los primeros y principales afectados (y los responsables del diseño de la EBAU aún vigente).

Sin embargo, y por si finalmente se implanta la nueva propuesta tal y como nos la han presentado, es preciso comprender que el posible descenso de la calidad en la enseñanza universitaria no afecta exclusivamente a alumnos y profesorado universitarios. Las universidades operan hoy como la “bisagra” entre el sistema educativo obligatorio y buena parte del mercado laboral, especialmente en los sectores productivos de alto valor añadido (ingenierías, I+D, investigación biomédica, etc.). Debido a ello, las consecuencias de la posible devaluación de las enseñanzas universitarias alcanzarán previsiblemente también nuestra competitividad en estos sectores, agravadas por la falta de inversión y la terciarización de la economía españolas (que se traducen tan a menudo en la llamada  “fuga de cerebros”). Si a algún lector no le parece inquietante que un escolar español pueda llegar a titulado universitario sin haber probado saber qué es un sustantivo (en un examen oficial externo), que considere entonces la posibilidad de que nuestros aspirantes a ingenieros, arquitectos o médicos puedan recibir peor formación que las promociones que los precedieron.

Por todo ello, y si callan la Conferencia de Rectores, el profesorado universitario, los sindicatos de profesores de secundaria y los de estudiantes, siempre habrá quien al menos muestre su oposición pública y razonada al nuevo modelo de EBAU en defensa de las disciplinas (de su autonomía, de su pluralidad y heterogeneidad, y de su puesto en el Bachillerato español). Si es su caso, y si les convence lo que hasta aquí han leído, les animo a que también lo hagan.

Laura Rodríguez Montecino es profesora de enseñanza secundaria. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, tiene también formación en Filosofía y Pedagogía. Dirigió el documental sobre filosofía y educación “Nos levantamos sobre ruinas” (2018), y actualmente coordina el proyecto audiovisual de crítica filosófica “Sobre Ruinas” en YouTube. Este proyecto se propone contribuir a la discusión para la necesaria reforma del sistema de instrucción pública en España. Es profesora de Lengua Castellana y Literatura en el sistema público de enseñanza secundaria.

Editorial: La (mala) educación

En realidad, cada generación educa a la nueva generación, es decir, que la forma y la educación son una lucha contra los instintos ligados a las funciones biológicas elementales, una lucha contra la naturaleza para dominarla y crear al hombre ‘actual’ en su época. No se tiene en cuenta que el niño, desde que comienza a ‘ver y tocar’, tal vez pocos días después de su nacimiento, acumula sensaciones e imágenes que se multiplican y se hacen complejas con el aprendizaje del lenguaje. La ‘espontaneidad’, si se la analiza, se hace cada vez más problemática. Además, la ‘escuela’, la actividad educativa directa, es sólo una fracción de la vida del alumno, que entra en contacto ya con la sociedad humana, ya con la societas rerum [la sociedad de las cosas], y se forma criterios a partir de estas fuentes ‘extraescolares’ que son mucho más importantes de lo que comúnmente se cree. La escuela única, intelectual y manual, tiene también la ventaja de que pone al niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana y con la historia de las ‘cosas’ bajo el control del maestro.

Antonio Gramsci.

La educación en España es un sempiterno campo de batalla político-partidista. Cada gobierno de turno aprueba su propia ley educativa, que intenta enmendar la del anterior. Los problemas de la educación en España son muy variados: el fracaso escolar, la desigualdad de oportunidades; las condiciones laborales del profesorado; la descoordinación autonómica y el nacionalismo periférico, los pedagogismos posmoprogres y neoliberales, la competencia desleal a la pública por parte de la privada-concertada… Todos esos problemas, entrecruzados, muestran el problema grave de la (mala)educación en España, un problema donde nos jugamos nuestro futuro ya que en las condiciones actuales un Estado-nación, como el español, solo podrá llegar a ser algo en el concierto internacional si, entre otras cosas, tiene una fuerza de trabajo con un nivel de cualificación medio-alto que produzca valores de uso y valores de cambio de alto valor añadido. Es lo que algunos autores llaman skill-biased technological changes [cambios tecnológicos con sesgo de habilidades], o, a la vez, educación como productora de una clase social como potencial nueva clase dominante en un posible modo de producción postcapitalista. Por supuesto, la educación también es productora de ideología dominante, de hegemonía de viejas clases dominantes o de potencialmente nuevas clases dominantes.

Pero justo para eso se necesita una estructura económica siempre formada por una jerárquica coexistencia de modos de producción que dé potencia a ese Estado-nación, España, de cara a hacerse valer en ese concierto internacional. Ello va más allá de la posición asignada desde hace años por nuestros socios y aliados de los bloques supranacionales en los que estamos insertos: OTAN y UE – o Imperio yanqui e Imperio alemán/IV Reich.

Por lo tanto, el problema de la educación en España, resultante del entrecruzamiento de los problemas citados, no es más que un efecto más de un problema mayor: el del actual statu quo, tanto a nivel interno (la lucha de clases, ergo economía política), como a nivel externo (la lucha de Estados e Imperios, ergo geopolítica), que tiene nuestro país. Todo lo que no sea un análisis lo más fundamentado de esa situación, que pueda convertirse en fuerza material al prender en las masas con una acumulación de fuerzas que lo pueda hacer reversible, será dar vueltas como un hámster en la rueda de la jaula de una ley educativa tras otra de un gobierno de turno tras otro, los cuales pondrán parches complicando aún más las cosas, pero sin ir a la raíz del problema.

Quizás algunas recetas que desde La Casamata recomendamos para empezar a dar un giro de la mala a la buena educación (y que, como hemos dicho, serían parte de un programa y proyecto mayor en la dirección de una superación del actual statu quo) puedan ser la coordinación centralizada de la gestión y los contenidos de la educación con una reorganización en la prestación de este servicio público; un claro favoritismo por la educación pública sobre la privada-concertada que, eventualmente, debería pasar a ser pública 100%, desde la educación infantil hasta la universidad; una mejora de las condiciones laborales, de la formación y del papel del profesorado en todos los niveles educativos que, a su vez, tendría que venir de la mano de una laminación de las muchas tentaciones corporativas de ese gremio; una apuesta decidida por la educación de 0 a 3 años; el apoyo al alumnado con problemas de fracaso escolar; la extensión del sistema de becas (sobre todo enfocadas en las rentas más bajas de cara a estudios universitarios) y, por supuesto, el reforzamiento y elevación de la reputación de la Formación Profesional, tanto de grado medio como superior. Todo ello con la finalidad de romper la desigualdad de oportunidades que golpea, sobre todo, a la clase obrera, y sin que ello suponga rebajar la exigencia en su rendimiento escolar, sino todo lo contrario.

Y, aún así…

La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad (así, por ej., en Robert Owen). La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.

Karl Marx.