Panorama general
Permacrisis es la palabra del año 2022 acuñada por el diccionario Collins y cuyo significado no es otro que el de periodo extendido de inestabilidad e inseguridad. El Centro Internacional de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), en un interesante estudio publicado recientemente, reflexiona colectivamente sobre cómo el conflicto de Ucrania ha puesto en evidencia la obsolescencia de unos marcos de seguridad colectivos, tanto en términos de regulación como en sistemas de protección, que han impactado de lleno en la ciudadanía, europea en un primer momento, pero también mundial.
Que el mundo se encuentra en un profundo escenario de modificación en al ámbito geopolítico es indudable. La crisis financiera del 2008 primero, el Covid-19 después y el conflicto bélico, sin duda han influido en el marco económico global. La hiperglobalización de los años 90 ha llegado a su fin, o en eso coinciden las voces expertas. La pandemia puso de manifiesto la debilidad de un sistema demasiado dependiente del exterior en lo económico—recordemos la pugna inicial por la obtención de mascarillas provenientes de China—y unos sistemas sanitarios insuficientes en términos de inversión en numerosos Estados miembros. El conflicto bélico después ha provocado y sigue provocando tensión en las cadenas de suministro por ausencia de materias primas o por las disrupciones del transporte marítimo. Los objetivos de la Unión Europea en torno a la transición ecológica y digital tienen importantes escollos. Algunos Estados soberanos responden a la crisis energética quemando carbón, a pesar de la urgencia climática que nos asola. El impacto del carbono resultante del tráfico digital y, como consecuencia, en el cambio climático es enorme superando incluso a la industria aérea en términos de niveles de impacto, por no hablar del consumo de agua y energía producidos por los centros de datos.
Dónde vas Europa
Las sucesivas crisis a las que ha hecho frente la Unión Europea, agudizadas desde la crisis económica del 2008 primero y del bréxit después, hicieron temblar los cimientos de lo que hasta ahora conocemos como Europa. Una Europa que nació como un proyecto para preservar la paz y la seguridad de un continente devastado tras 1945 firmando, en 1951, el Tratado del Carbón y el Acero, un precedente del Tratado de Roma de 1957 que posibilitaba el comercio de mercancías entre países con aranceles comunes y cuyo resultado, con la firma de tratados posteriores, sería el de un mercado común con intercambio de bienes, servicios y capitales.
No es momento de un análisis profundo en el proceso de configuración de la Unión Europea, pero sí resulta necesario preguntarse acerca de un proyecto construido al margen de la opinión ciudadana, en el que el peso del Consejo y de la Comisión ha estado por encima del Parlamento Europeo, cámara de la soberanía popular europea, en el que figuran inscritos, según la estadística del año 2021 un total de 6.941 lobistass. En 2023, casi 12.000 organizaciones se encuentran registradas como tal. Su presupuesto anual combinado es de 1.800 millones de euros.
Por si fuera poco, el periódico Le Soir sacó a la luz el asunto Qatargate , un escándalo de corrupción en el que también se encontraría Marruecos implicado y que es de una magnitud tan grande como para provocar la encarcelación y consecuente cese de la ya exvicepresidenta socialista italiana Eva Kaili.
A este respecto, la aparente intención del Parlamento Europeo es la de implementar una política de puertas giratorias, de mejora de rendición de cuentas y control de los lobbies así como quienes representan a terceros. Habrá que ver si esto resulta suficiente como para no dañar aún más una institución que, en apariencia de quienes tienen una firme vocación europeísta, resultaba ser el vínculo directo con una ciudadanía europea descontenta con la clase política, en medio del surgir de tantos peligrosos movimientos nacionalistas de ultraderecha, que amenazan con destruir el proyecto europeo tal y como lo conocemos en la actualidad.
Construyendo la casa por el tejado
Alba Rico nos recuerda que la UE está constituida por dos almas diferentes: una de origen federalista y republicana, plasmada en el manifiesto Ventotene escrito por el comunista Altiero Spinelli, y otra de origen franco-alemán, inspirada más en el sentido pragmático y comercial que fue configurándose como la opción predominante en los sucesivos tratados.
El artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no viene sino a definir al mercado interior europeo en el contexto de una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, en un nivel elaborado de protección y mejora del medio ambiente. Se entiende que dicho concepto debía asumir un alto valor simbólico en el ordenamiento jurídico comunitario y, por lo tanto, debiera interpretarse en el sentido de que el mercado interno no es un fin en sí mismo del proceso de integración comunitaria sino un simple instrumento para alcanzar finalidades de naturaleza política y social.
Por otro lado, el fin de la Guerra Fría y la Caída del Muro de Berlín supusieron, en opinión de Thomas Piketty, un incremento de las desigualdades y una aceleración en la imposición del modelo neoliberal que ponía en cuestión el Estado del bienestar e implantaba las tesis del laissez-faire del mercado. Si hasta entonces el Estado nación se encargaba de la articulación de las relaciones sociales y, por ende, del equilibrio en el proceso de correlación de fuerzas, a partir de ese momento se produjo una reorganización del orden internacional que favorecía el flujo de capitales, con la consiguiente apertura de los mercados nacionales; la reestructuración flexible de las empresas y la liberalización de numerosas empresas estatales con la entrada de capital privado en las mismas.
Mientras tanto, las instituciones de la Unión Europea ya mencionadas, aceleraron el proceso de integración europea y, a pesar del fracaso de la Constitución Europea tras el no de Holanda y Francia, avanzaron hacia la creación del euro en el año 2000. Una moneda que carecía de un sistema de integración bancario y de una política fiscal común que imponía, a todo coste, la integración de la economía, del mercado y de la política a pesar de las numerosas voces economistas que planteaban el error de dicha decisión.
Y llegó la crisis financiera del 2008, también denominada Gran Recesión (2008-2014) que azotó con especial virulencia a los países de la zona euro y provocó el fortalecimiento de la disciplina fiscal, a través del Tratado de Estabilidad, coordinación y gobernanza con el que se introdujeron reglas de oro en las constituciones de los Estados soberanos que impiden a los mismos endeudarse por encima de un 3% del PIB. La rigidez normativa impuesta por Alemania, que en ningún momento apostó por la condonación de la deuda, tuvo graves consecuencias sociales de sobra conocidas y una pérdida del tejido productivo de aquellos países (fundamentalmente del Sur) cuyas industrias fueron desplazadas a lo largo de estos años en pro de sectores de bajo valor añadido (sector servicios).
Ni que decir tiene que el conjunto de medidas adoptadas durante este periodo tuvo un marcado carácter político. El periodo que vino después hasta la denominada “senda de recuperación” (como gusta a cierto tipo de economistas) reflejó las debilidades estructurales de un sistema errático que evidenció el carácter multidimensional de la crisis que asolaba Europa.
En medio de esta situación, llegó la crisis de los refugiados, como han venido a denominar, y en ese momento los valores relacionados con la solidaridad de los países comenzaron a fraguar. El papel de las instituciones europeas en su gestión llegó tarde y mal, se erigieron vergonzosos muros contra personas que huían de la guerra de Siria y el chantaje turco devino en la entrega de miles de millones de euros al dictador Erdogan para “contener” el éxodo sirio, habiéndose aprobado paquetes de miles de millones de euros con ese fin.
Cambio de política frente a la COVID
En diciembre del 2019, la recién elegida presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, establecía una serie de prioridades a poner en marcha hasta el siguiente proceso legislativo: un pacto verde europeo, una Europa adaptada a la era digital, economía dedicada al servicio de las personas, promoción del modo de vida europeo e impulso a la democracia europea. En pleno debate con el Parlamento Europeo sobre el significado de la aprobación de dicho plan llegó la pandemia. Quizás fue el aprendizaje de lo vivido en épocas anteriores.
Al comienzo de la pandemia, la respuesta de la Unión Europa tuvo un carácter un tanto fragmentado en la que el Banco Central Europeo (entidad tecnocrática) ofreció rápidamente una respuesta a la crisis al mutualizar los riesgos a través del despliegue del Programa de Compras de Emergencia ante la Pandemia. Consistió en un importe de 750.000 millones de euros ampliados a 1.350.000 millones de euros que fue prorrogado hasta finales de 2021. Por otro lado, la Comisión Europea interrumpió el pacto de Estabilidad y Crecimiento alejando el principio de disciplina fiscal de la Unión Europea, quizás conscientes de que una actuación errónea habría supuesto la desintegración europea.
Hubo un importante momento de fricción entre los Estados miembros, con posturas enfrentadas: por un lado, España, Italia y Francia plantearon la mutualización de las deudas soberanas para poder hacer frente a la crisis y, por otro, la postura de Alemania y Holanda que, tras un proceso de negociaciones, rechazaron tal planteamiento.
Así las cosas, el Eurogrupo aprobó un paquete de medidas en forma de respuesta europea. Una de ellas fue el SURE, un programa de préstamos de la Comisión cuya finalidad era la de mitigar los riesgos del desempleo producido y que en España se tradujo en ERTES. Por otro lado, se aprobó un programa del Banco Europeo de Inversiones que respaldó los préstamos a pequeñas y medianas empresas. El acuerdo SURE podría considerarse como uno de los principales resultados tangibles que utilizaría la Comisión para gestionar el impacto de la crisis y para otorgar credibilidad a las instituciones de la Unión Euoropea. Posteriormente, se presentó el plan NextGenerationEU, propuesta con un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros vinculado al Marco Financiero Plurianual, combinando así los préstamos y las subvenciones.
Ahora bien, es importante señalar que el éxito del plan se ha debido al acuerdo por parte de los Estados miembros, por lo que, en cierto sentido, la respuesta política a la crisis ha estado basada en un modelo intergubernamental más que en un desplazamiento del centro político hacia las instituciones europeas y, en cierto sentido, a una reconsideración por parte del todavía gobierno de Ángela Merkel de la necesidad de sostener la Unión Europea.
De forma paradójica, este fondo Next Generation que incluye el Plan de Recuperación y Resiliencia estaría acelerando los objetivos de la Comisión Europea en torno a la transformación de las sociedades a una economía verde y digital. O eso pensábamos porque, como ya hemos mencionado anteriormente, la crisis energética producida como consecuencia del incremento del precio del gas por la guerra ruso-ucraniana, está revirtiendo las tendencias que sostienen la necesidad de ser, en el año 2050, una economía libre de carbono.
¿Se desarrollarán los derechos sociales de forma activa?
De esta reflexión surgen muchas preguntas: ¿estamos realmente ante un Green Washing o lavado verde? ¿No existen posturas enfrentadas entre el New Green Deal y la necesidad de decrecer, como sostiene el movimiento ecologista progresista? ¿Avanzamos hacia una gobernanza más federal o seguiremos manteniendo un modelo de gobernanza multinivel en el marco de la Unión Europea? ¿Dónde queda en todo este panorama el desarrollo de los derechos sociales que antes mencionábamos?
Merece la pena dedicar algo más de tiempo a este ámbito y ver qué avances en materia de derechos sociales, si bien tímidos e insuficientes, al menos todavía, se están produciendo.
La Comisión Europea, en la todavía Comisión Juncker, aprobó el Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2017. Hay que recordar que Jean Claude Juncker es un defensor de la economía social de mercado, es decir, la Unión Europea defendería en realidad lo que algunos conciben como “capitalismo social”. Sin embargo, la Unión Europea adolece, todavía, de un verdadero desarrollo de dichos derechos a pesar de que la Carta Social Europea fuese aprobada en 1961 y posteriormente revisada.
La Confederación Europea de Sindicatos, durante la celebración de su congreso en 2015, apostó por la necesidad de forzar a la Unión Europea a la adopción de unas bases que la dotasen de esa dimensión social que tanto ha venido exigiendo el movimiento sindical internacional. En la práctica, solo había sido desarrollada por una incipiente jurisprudencia en el campo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nacida de unos jueces, tras la Segunda Guerra Mundial, que quizás tenían más marcado en su carácter la necesidad de un auténtico desarrollo de los mismos, y no los golpes que la clase trabajadora ha ido sufriendo con sentencias como Viking y Laval, que dan carta blanca al desarrollo del dumping social entre países.
El modelo social europeo hace referencia al patrimonio común en torno a la cohesión social y económica. En cierto sentido se refiere al rol del Estado del bienestar como una institución de integración y corrección de las desigualdades sociales. La dimensión social de la Unión Europea tendría que estar basada en el respeto a los derechos sociales fundamentales y a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de sus gentes. Así, por ejemplo, se ha venido afirmando que:
La unidad de reglas en lo comercial no se corresponde con la dispersión de reglas en lo social, existiendo una clara subordinación del acervo social a las exigencias de las normas comerciales y de mercado, y una tendencia que puede calificase de natural, a la consideración de las reglas sociales como barreras u obstáculos para el desarrollo de la libre competencia y el libre mercado.
Todavía, en 2023, queda mucho camino por recorrer para establecer realmente dicho pilar y las acciones a él vinculadas. El primer escollo se ha encontrado con la aprobación de la Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea por la oposición de Suecia y Dinamarca a los mismos. No ha sido hasta diciembre de 2022 cuando Suecia retiró su oposición a la normativa a cambio de que ambos países queden excluidos de cualquier tipo de imposición de un salario mínimo en sus países, lo que hace reflexionar nuevamente, no solo sobre el principio de subsidiariedad de los países, sino en la dificultad de llenar realmente de contenido y capacidad cualquier iniciativa legislativa (bien en forma de Directiva, bien en forma de Reglamento) en el área de lo social. Y aquí el movimiento sindical europeo debería estar atento para evitar la aprobación de normas descafeinadas o que, en la práctica, sirvan para maquillar y lavar de nuevo la cara al capitalismo.
En la denominada Declaración de Oporto, de mayo de 2021, se comprometían a lo siguiente:
Tal como establece la Agenda Estratégica de la UE 2019-2024, estamos decididos a seguir profundizando en la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales a nivel nacional y de la UE, con el debido respeto por las competencias respectivas y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El Plan de Acción presentado por la Comisión el 4 de marzo de 2021 proporciona una guía útil para la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, incluso en las áreas de empleo, habilidades, salud y protección social.
Por último, hay que recordar que en mayo de 2022 tuvo lugar la conferencia sobre el Futuro de Europa, que fue desarrollada durante muchos meses y cuyo objetivo era escuchar a la ciudadanía haciéndoles expresar su opinión sobre el futuro de Europa a través de unos diálogos dirigidos por la propia ciudadanía y cuya conclusión ha dado pie a 49 propuestas que tendrán que implementarse. Los temas sobre los que versó la conferencia fueron nueve: cambio climático y medio ambiente; salud; una economía más fuerte, justicia social y empleo; la Unión en el mundo; valores y derechos, Estado de derecho y seguridad; transformación digital; democracia europea; migración; educación, cultura, juventud y deporte. Las conclusiones han sido incorporadas al trabajo programático de la Comisión.
Dichos cambios deberían plasmarse también con una necesaria reforma del Tratado de Lisboa, consideración que va tomando voz y fuerza, no solo desde la celebración de la conferencia, sino también tras la pandemia o ahora con el conflicto.
Habrá que esperar, y a pesar de la oposición de los países nórdicos, existen voces que subrayan el respaldo a la postura de crear una Comunidad Política Europea vinculada a cuestiones como el comercio, el Estado de derecho y la democracia.
Lo que está claro es que todo se encuentra en el aire y, dada la volatilidad del momento en el que nos encontramos, está por ver si realmente quienes ostentamos una profunda convicción europeísta, veremos algún día cumplido el sueño de Spinelli de una Europa realmente libre y unida.
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Filóloga, aprendiz de jurista. Máster en Derecho de la Unión Europea. Ha trabajado durante quince años en el entorno de las Instituciones Europeas, desarrollando diversos proyectos en el marco del diálogo social tanto a nivel europeo como a nivel mundial de la mano del movimiento sindical. Conoce de primera mano el funcionamiento de las Instituciones Europeas. Sindicalista de CCOO. Interesada de primera mano en el desarrollo de los derechos sociales de la Unión Europea. Sigue creyendo que otro mundo es posible.
