La cuestión nacional en España y el socialismo

pedro
La llegada del federalismo no será inmediata y va a ser compleja por la oposición de las derechas, pero hay que sembrar las semillas del debate para que pueda germinar en la sociedad y el cambio sea posible.

La cuestión nacional fue teorizada en el marxismo por parte de Otto Bauer (1907), Stalin (1913), y otros pensadores, en el momento en el que el nacionalismo de tipo alemán se convertía en hegemónico en Europa. Este nacionalismo consideraba que la nación era fruto de pulsiones inconscientes, del “espíritu del pueblo” (Volkgeist), la lengua, la geografía, la historia, la cultura común, y acabó fomentando el militarismo, el racismo y el patrioterismo, que llevó a los combatientes a marchar alegremente al combate en la Gran Guerra (1914). Aunque la alegría duró poco, con las terribles condiciones de la guerra de trincheras y las masacres de soldados sin sentido, muertos por tomar unos centenares de metros de tierra yerma, el nacionalismo jugó un papel esencial en el estallido del conflicto, en los sucesos que llevarían a la Segunda Guerra Mundial, y en un sinfín de conflictos de todo tipo que se extendieron hasta la actualidad.

Bauer definía la nación desde un punto de vista “culturalista”, como un conjunto de elementos…

… que aparecen en la estructura básica del espíritu, en el gusto intelectual y estético, en el modo de reaccionar a los mismos estímulos, cosas en que fijamos la atención si comparamos la vida espiritual de las diferentes naciones, su ciencia y su filosofía, su poesía, música y arte plástica, su vida pública y social, su estilo y sus hábitos de vida.

Bauer consideraba que la nación se definía en su momento actual, sin tener una vinculación con los antepasados, oponiéndose a las tesis organicistas que venían asociadas al nacionalismo de tipo alemán. La nación es construida desde el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo cultural y el devenir de la Historia, que conforman una comunidad de carácter y de destino, enfrentándose a las posturas ahistóricas típicas del nacionalismo.

Bauer defendía el desarrollo de las comunidades culturales, dentro de Austria-Hungría, con una administración general y que pudiesen cobrar impuestos, pero evitando su separación en varios Estados basados en raíces étnicas. También abogaba por tratar de evitar la competencia fiscal que se producirían entre ellas en caso de tener un autogobierno fuerte. Para Bauer era necesario combatir al nacionalismo que podía arrastrar a las masas explotadas al apoyo de sus propios explotadores, quienes los lanzarían al combate contra “el enemigo nacional” de turno, asegurando su hegemonía. El programa fue impracticable, pero no le faltaba razón en el análisis.

Stalin, sin embargo, desarrolló el concepto de nación alrededor de la siguiente idea:

[La] nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura.

Se trata de una noción que tiene ciertos parecidos con la definición de Bauer, aunque con más resabios del nacionalismo de tipo alemán.

No es sorprendente que los principales teóricos del marxismo de la época sobre la cuestión nacional (o problema nacional) fuesen dos personas que pertenecían a imperios multinacionales, aquejados de problemas serios -más en el caso austro-húngaro que en el ruso-, con nacionalismos irredentos y de conformación de una identidad nacional que aunase a la mayoría de la población. Tanto Rusia como Austria-Hungría se hundieron ante el peso de la guerra de masas y acabaron, durante la guerra, Rusia con el estallido de una Revolución “que conmocionó al mundo” (John Reed), y Austria-Hungría, con el armisticio, dejando de existir, dividida en numerosos Estados pequeños y enfrentados entre sí.  Austria-Hungría sólo estaba unida por la figura de su emperador, el longevo Francisco José I que, con su muerte en 1916, aceleró la descomposición, ya avanzada, de un Estado multinacional enfrentado a las minorías eslavas, checas, polacas e italianas.

En 1917, Vladimir Ilich Ulianov lanzó “el principio de autodeterminación de los pueblos”, que coincidió, aunque por motivos diferentes, con la propuesta del presidente Woodrow Wilson en sus famosos “14 puntos para la paz”. Para Lenin, el principio de autodeterminación era una forma de debilitar a las potencias imperialistas y ganarse a los pueblos oprimidos por los europeos para la causa del comunismo. De hecho, la Tercera Internacional organizó, bajo auspicios del gobierno soviético que estaba inmerso en los últimos compases de la guerra civil, en 1920, en Bakú (Azerbaijan), un Congreso donde participaron 2850 delegados de diversas naciones (Irán, Irak, Palestina, Kurdistán, China, etc.) oprimidas por los occidentales. Algunos de estos delegados murieron intentando llegar al Congreso o a la vuelta del mismo a manos de las autoridades de sus países (o de los británicos, en el caso iraní). En el Congreso se debatió sobre la situación de los países colonizados y sobre las posibilidades de maridaje entre el islam y el comunismo. Tras el Congreso se establecieron movimientos socialistas o comunistas en muchos países, como en China, aumentando la influencia comunista en el mundo dependiente.

Rosa Luxemburgo, sin embargo, criticó la propuesta de Lenin, al considerar que la independencia de su país, Polonia, acabaría, como finalmente ocurrió, en manos de los sectores reaccionarios. Lenin consideraba que la forma de consolidar el dominio soviético sobre el antiguo territorio zarista pasaba por dar voz a los pueblos oprimidos por la Rusia absolutista y que no hacerlo mantendría la dictadura. Mientras que Luxemburgo, que se oponía por las razones mencionadas antes, entendía que la utilización del “principio de autodeterminación de los pueblos” era un recurso táctico ante una situación política concreta y no un principio transmutado en verdad absoluta.

Para Wilson, el “principio de autodeterminación de los pueblos” estaba pensado para los países derrotados en la guerra que tenían problemas nacionales, lo que ayudó a la desaparición de Austria-Hungría, la desmembración del Imperio turco otomano, la pérdida de las colonias (y algunos territorios) alemanes y la independencia de zonas bajo dominio ruso (como Polonia), mediante un referéndum afirmativo.

El principio de autodeterminación expuesto por Wilson alentó a las nacionalidades sin Estado y a aquellos que querían separarse de otras naciones a formar Estados propios. Lo cierto es que el principio se aplicó a medias, debido a las múltiples tretas que usaron los franceses e ingleses. Éstos se repartieron los restos del Imperio colonial alemán, bajo el auspicio de la recién fundada Sociedad de Naciones, e incumplieron su palabra hacia el mundo árabe al repartirse las antiguas posesiones otomanas en el Tratado de Sykes-Picot. También Francia impidió la unión de Alemania y Austria, pese al referéndum afirmativo de unión realizado en Austria, que luego sería absorbida por Hitler con el “Anschluss” en 1938. La realpolitik se impuso sobre las buenas intenciones del presidente estadounidense. De hecho, la socialdemocracia austríaca (SPÖ), con Otto Bauer a la cabeza, se opuso a la desmembración del Imperio austro-húngaro, con escaso éxito, sabiendo que iba a debilitar a la clase obrera al ser separada en países de escasa entidad y fronteras y más tarde llegaría a apoyar la unión con Alemania.

Stalin utilizó el nacionalismo durante la Segunda Guerra Mundial y los viejos símbolos de la Rusia zarista, para movilizar al pueblo soviético contra el invasor nazi-fascista, con gran éxito. No en vano, en Rusia se llama a la Segunda Guerra Mundial “la Gran Guerra Patriótica”. El nacionalismo resurgió como fuerza cohesionadora en diversas repúblicas soviéticas, yugoslavas, checoslovacas, y de otros países del Este, en sustitución del marxismo-leninismo deformado por Stalin, cuando el sistema entró en crisis. De hecho, el nacionalismo aceleró la crisis que provocó la desaparición del bloque del Este entre 1989-91, y durante los años 90, en la antigua Yugoslavia.

La ONU tomará dicho principio refiriéndose principalmente al deber de las potencias colonialistas de descolonizarse y dar un marco jurídico para aquellas antiguas colonias, que, de acuerdo con la metrópoli o en contra de ella, lograsen independizarse. En este caso, el derecho de autodeterminación adquirió el significado de lucha por la independencia de los países colonizados. ETA, escisión de las juventudes del PNV, trató de maridar este principio con el marxismo, considerando de que el País Vasco era una colonia interior oprimida por unas fuerzas de ocupación (españolas) y que, por tanto, se les aplicaba dicho derecho.

En el caso español, la cuestión nacional va a intentar ser solucionada con mayor o menor éxito. En el turbulento siglo XIX, se trató de dar una solución federal durante la Primera República, que no llegó a aplicarse, mientras que los carlistas, el cantonalismo y la Guerra de Cuba hicieron inviable la propia República. A finales del siglo XIX surgieron el autonomismo andaluz, enraizado en el federalismo, el nacionalismo burgués catalán y el nacionalismo vasco, nacionalismos ambos de corte alemán-organicista. Por otro lado, surgió, durante el siglo XIX, el carlismo, que tuvo influencia en el nacionalismo vasco y en Navarra, con la defensa de los fueros.

A principios del siglo XX, el empuje del nacionalismo catalán conservador llevó a una solución de compromiso para el problema nacional: la Mancomunidad catalana, que duró de 1914 hasta su abolición en 1925 por la dictadura de Primo de Rivera. La Mancomunidad tenía competencias muy limitadas. Con la caída de la dictadura y la proclamación de la Segunda República emanó una tensión entre el sector federalista catalán capitaneado por ERC, donde existía un pequeño grupo independentista, y el resto de firmantes del “Pacto de San Sebastián”. Esta tirantez se solventó con una solución de compromiso que tuvo su concreción con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el marco del Estado integral republicano, que siguió teniendo escasas competencias (aunque más que la Mancomunidad). Se aprobó también el vasco, en 1936, lo que favoreció que esta región fuese leal a la República en la Guerra Civil, e igualmente hubo proyectos en Galicia y Andalucía, cortados por la sublevación militar.

Cuando cayó el gobierno republicano-socialista, derrotado en las elecciones de 1933, fue sustituido por un gobierno radical-cedista (el “contubernio”, en palabras de Niceto Alcalá Zamora), que trató de obstruir la actividad legislativa de la Generalitat y el Parlament. Esto llevó a ERC a proclamar la “República Federal catalana en el interior de la República federal española”, en 1934, mientras en Asturias se producía un proceso revolucionario contra la entrada de ministros de la CEDA, que se consideraban “accidentalistas” con la forma de gobierno, y que usaban parafernalia fascista en un momento en el que Dölfuss había dado un golpe de Estado en Austria y eliminado al SPÖ. El choque fue favorable al gobierno, que utilizó al ejército contra los Mossos de Escuadra dirigidos por la Generalitat. El gobierno catalán acabó en la cárcel hasta que fue excarcelado tras la victoria del Frente Popular. Los militares usaron dicho movimiento como casus belli para iniciar un golpe de Estado, en 1936, junto con otros motivos, para evitar “el separatismo” y el final de España como nación unida.

Durante la Guerra Civil, aprovechando el caos en la zona gubernamental, se produjeron movimientos de desobediencia al gobierno republicano o de autonomismo de facto, que debilitaron la causa republicana. El gobierno de ERC fue mediatizado de forma importante por la CNT-FAI, que tomó decisiones desacertadas como la invasión de Mallorca, anunciada por la prensa, y que acabó siendo reprimida (CNT-POUM) en las jornadas oscuras de “los sucesos de Barcelona” de 1937. En Asturias se produjo el “gobernín” (Azaña), que separado de la zona republicana por la zona rebelde, trató de hacer la guerra por su cuenta. En el País Vasco, tras la toma del norte, el presidente del PNV, Aguirre, colaboró con el OSS -antecesor de la CIA- y trató de lograr la independencia del País Vasco, apoyada por los EEUU, con nulo éxito. Estos movimientos enfadaban al PSOE, que constituía la parte mayoritaria del gobierno del Frente Popular, y, especialmente, a Negrín.

El PSOE tenía relaciones con el federalismo, que variaron durante el tiempo, debido a que la frontera entre el republicanismo federal y el socialismo era muy porosa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El socialismo dirigido por Pablo Iglesias empezó siendo hostil a la idea federalista. Pero, a partir de las alianzas con los republicanos y la institucionalización del partido, en 1910, el PSOE comenzó a virar hacia la “descentralización político-administrativa”. Aunque oponiéndose al nacionalismo vasco, por racista y conservador, se llegó, incluso, a apoyar la posibilidad de un estatuto para Cataluña, una posición que se rompió durante la huelga de la Canadiense, por el apoyo de la burguesía catalana a la represión obrera. Durante la Segunda República, el PSOE defendió el voto favorable al estatuto de autonomía catalán, y luego vasco, aunque rechazando establecer un estado federal como en Alemania o los EEUU. Durante la dictadura franquista, el PSOE se acercó, de nuevo, de la mano de Anselmo Carretero al federalismo, con declaraciones retóricas a favor del mismo, que acabaron mutando en un apoyo decidido al autonomismo tras el 78. El federalismo prendió especialmente en el socialismo catalán, más que en el resto de las comunidades de nuestro país.

El PCE-PSUC se posicionó en el debate constitucional contra el derecho de autodeterminación de los pueblos, tal y como estaba desarrollado en la enmienda Letamendía, con las sonoras ausencias “por motivos de vejiga” de Miquel Roca y los representantes del PSC. En realidad, el PSOE también se opuso, en dicha comisión, a incluir este principio en la propia Constitución. Jordi Solé Tura (PCE) hizo una interesante reflexión sobre este asunto:

Como principio general, el derecho de autodeterminación es, a mi entender, un principio democrático indiscutible, pues significa que todo pueblo sometido contra su voluntad a una dominación exterior u obligado a aceptar por métodos no democráticos un sistema de gobierno rechazado por la mayoría tiene derecho a su independencia y a la forma de gobierno que desee libremente.

Sostenía Solé Tura que había diferencias claras entre la posición socialista y comunista respecto a la de los nacionalistas:

La diferencia radical entre uno y otro concepto del derecho de autodeterminación es que la izquierda no nacionalista lo entendía como un principio que permitiría derrotar a los independentistas con métodos democráticos, es decir, oponiendo a las pretensiones de separación y de independencia la voluntad de una mayoría democráticamente forjada. Por eso comunistas y socialistas de izquierda proclamaban que eran partidarios del derecho de autodeterminación, pero al mismo tiempo se oponían a la separación y a la independencia de Cataluña, del País Vasco y de cualquier otra parte de España. El ejercicio de autodeterminación era visto como una vía para fortalecer la unidad de España como país plurinacional.

De hecho, señalaba que un sector de los nacionalistas y de la izquierda, inspirados en la Revolución cubana, defendía que sus regiones eran naciones oprimidas de manera colonial por parte de España, lo que les alejaba de las posiciones socialistas y comunistas.

Posteriormente, el término quedó entre abandonado, fosilizado en documentos de Congresos sin aplicación práctica, como discursos sin solución de continuidad, y como ejercicio retórico para consumo interno. La cuestión acabó resucitando con la aparición del procés catalán, que ha influido enormemente en la política española de manera negativa, por ejemplo, haciendo resurgir una visión más radical del nacionalismo español. Un procés en el que primero se utilizó el término blando del “derecho a decidir” -al que es difícil oponerse- para pasar, finalmente, a la independencia a través de un referéndum sin garantías, que acabó con lamentables cargas policiales, una declaración de independencia exprés con cara de funeral por parte de quienes la pronunciaban, la huida del president, y todo lo demás que ha acontecido en estos últimos años.

Uno de los grandes problemas es que un sector de la izquierda, especialmente en Cataluña, se vio obnubilada de manera a-crítica con el procés, hasta el punto de que o lo apoyaron de alguna manera (en algunos casos pasándose a ERC), o hicieron dejación de las funciones de crítica que conlleva la práctica política. El propio Solé Tura, de hecho, advertía hace años de esta posibilidad, señalando:

A mi entender, esa ambigüedad es muy peligrosa porque las fuerzas de izquierda no pueden ser ambiguas, so pena de dejar de ser de izquierda. En un país como el nuestro, a estas alturas del siglo XX, creo que no se puede seguir hablando del derecho de autodeterminación como mero principio ideológico, es decir, sin explicar claramente sus implicaciones políticas y, por tanto, sin ponerlo en relación con nuestro proceso histórico, con el modelo de Estado que hemos heredado y con el que se define en la Constitución, con las transformaciones sociales producidas, con los valores dominantes en la sociedad y con el papel de España en el contexto europeo y mundial.

Parece que Solé Tura hubiera adivinado el futuro en este párrafo tan certero:

Un conflicto de estas características no sería un choque entre la «izquierda» y la «derecha», ni entre el «progresismo» y la «reacción», sino un conflicto que atravesaría todas las clases sociales de Cataluña –en nuestro caso– y de España y que escindiría profundamente la sociedad de la propia nacionalidad que pretendiese convertirse en Estado independiente. Una batalla política y social de estas dimensiones convertiría a las fuerzas más derechistas en el principal núcleo de reagrupamiento de vastos sectores sociales –incluso de sectores obreros–, reavivaría hasta extremos insospechados el viejo nacionalismo español de las glorias imperiales, daría a las Fuerzas Armadas un protagonismo decisivo, muy superior y muy diferente al que les asigna la Constitución y colocaría a la Corona y al conjunto de las fuerzas democráticas en una situación defensiva extremadamente difícil, pues o bien tendrían que aceptar pasivamente la alternativa y el hecho de la independencia, con lo cual perderían la iniciativa política, o bien tendrían que combatirla, con lo cual irían a remolque de las fuerzas más antidemocráticas. Es difícil pensar, por otro lado, que un choque de estas características podría terminar tranquilamente con la independencia de una parte del territorio español o con la negación violenta de la independencia, sin destruir el sistema democrático de la Constitución de 1978.

Lo cierto es que España, por su estructura territorial y su historia, tiende hacia una estructura federal o federalizante. Su propia orografía e historia ha impedido durante el siglo XX la imposición de un Estado centralista salvo manu militari.  Los nacionalismos se necesitan los unos a los otros para subsistir. En ese choque la cuestión social, tal y como hemos visto en varios momentos en Cataluña, acaba desapareciendo o queda en un segundo plano, pasando a la política de las emociones y la división.

Durante la pandemia las estructuras federalizantes han funcionado moderadamente bien, con la excepción de la rebelión madrileña. Es hora de retomar el federalismo, aunque con algunas dosis de asimetría, como forma de solventar la cuestión nacional en España. Esto supone asumir que las lenguas y las distintas culturas (que son siempre mestizas) forman parte del acervo cultural español y nos enriquecen como país y como individuos. Esto supone reformar el Senado para convertirlo en una verdadera cámara territorial. Realizar una segunda tanda de descentralización pasando competencias de las Autonomías a los municipios y traspasando todas las competencias de las Diputaciones provinciales (salvo los Cabildos y los Consell) a las comunidades autónomas. Delimitar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y constituir un reparto fiscal justo y solidario, acabando con el dumping fiscal de Madrid. Sería interesante repartir parte de las instituciones del gobierno central por el país. Para que estas reformas sean exitosas hay que establecer mecanismos de coordinación, cooperación, solidaridad y responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y el Estado central. Hay que aprovechar los fondos europeos para volver a repartir las cartas de las oportunidades en este país y combatir, por ejemplo, la despoblación de algunas provincias, y repartir de manera más justa el poder. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar.

La llegada del federalismo no será inmediata y va a ser compleja por la oposición de las derechas, pero hay que sembrar las semillas del debate para que pueda germinar en la sociedad y el cambio sea posible.

Pedro González de Molina Soler es pofesor de Geografía e Historia y máster en Relaciones Internacionales.

Referencias

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