El modelo educativo neoconservador tiene su paradigma en la Comunidad de Madrid

pedro
El modelo del PP en educación, donde Madrid es su laboratorio de pruebas, es un modelo clasista, elitista, con cierto racismo de baja intensidad, que busca estratificar la sociedad lo máximo posible y cumplir “el efecto Mateo”: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará.

La educación para la derecha

La derecha tiene clara qué sociedad quiere construir, y, por consiguiente, qué tipo de sistema educativo necesita implementar para que se logre dicha sociedad, donde su máximo exponente ha sido la LOMCE. La LOMCE no pudo hacer todo el daño que tenía planeado, debido a que no se logró aplicar en su totalidad, pero era una ley bien pensada para los objetivos que quería conseguir: establecer un sistema de desigualdad de oportunidades y retirar la escalera a las clases populares para reducir la movilidad social, potenciando un cierre clasista. Las reformas en la universidad han ido en la misma dirección, al tratar de elitizar la misma con los aumentos bruscos de matrículas y el endurecimiento de la política de becas. Además, pretendía, cosa que logró con éxito, abrir la educación a un mayor negocio de las empresas privadas de este ámbito, especialmente a las congregaciones religiosas católicas, como medio de segregar socialmente y recuperar parte de la influencia perdida por décadas de secularización. A día de hoy, el siguiente objetivo de la derecha, además de anular la reciente ley de Educación (la LOMLOE) aprobada por el Gobierno de coalición del PSOE y UP, es lograr el mayor campo de negocio para las empresas de Formación Profesional, a la sazón del aumento vertiginoso del alumnado interesado por esta modalidad educativa, que ha ganado prestigio en los últimos años.

Mientras la derecha tiene clara cuál es la sociedad que quiere construir, la izquierda en nuestro país da tumbos o comienza reformas, pero no las aplica hasta sus últimas consecuencias. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema escolar es la segregación escolar, principalmente por clase social, aunque hay de otros tipos (por origen nacional, por sexo, académica, etc.). Esta segregación escolar está por encima de la segregación residencial, por lo que existen mecanismos institucionales que la agravan.

La segregación escolar tiene efectos perversos en el sistema. Produce burbujas sociales que degradan la democracia, al romper la experiencia democrática compartida, generando situaciones de insolidaridad social y de falta de entendimiento entre clases sociales. Este modelo también reduce las posibilidades de que el alumnado desaventajado socialmente pueda romper su destino social a través de la acumulación de capital social con el contacto con alumnado de otras clases sociales. Elimina el “efecto compañeros” y la posibilidad de que haya alumnado locomotora que tire de las clases. Provoca que el ambiente escolar sea más determinante en las posibilidades de pasar de curso, de abandonar prematuramente o de fracaso escolar. Produce que algunos centros se transformen en “centros guetos”. Genera un sistema de desigualdad de oportunidades que va en contra de varias declaraciones internacionales de la ONU, de las recomendaciones de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, y de la propia Constitución española. La manida “libertad de elección” sobre la educación de los hijos/as se ha convertido en la “libertad de segregar” al alumnado considerado indeseable.

La LOMLOE técnicamente se va a enfrentar con esta problemática obligando a los centros concertados, que segregan con fondos públicos, a aceptar a una parte del alumnado desaventajado (en el que se buscaba, en la mayor parte de los casos, no escolarizar) y tiene como objetivo reducir la segregación escolar de todos los tipos. Esa es la voluntad de la ley, pero sin un seguimiento sobre el asunto podemos tener dudas de su aplicación real.

Mientras la izquierda no tiene claros sus objetivos educativos ni qué tipo de sociedad quiere construir, la derecha sí. El modelo más perfecto de la política neoconservadora en España es el ejemplo de la Comunidad de Madrid. España es el sexto país más segregado de la UE (según el índice Gorard, de acuerdo a los datos PISA 2015), pero si la Comunidad de Madrid fuera un país, sería el segundo de la UE en segregación escolar por clase social. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un verdadero laboratorio político, que otras comunidades están intentando imitar, como Andalucía. La segunda comunidad más segregada es Cataluña (aunque se están tomando medidas para reducir este problema), seguida por Canarias y Asturias.1

En la investigación realizada por Murillo Martínez-Garrido en 2021, donde han profundizado sobre la segregación escolar en Madrid, con datos de PISA2018, han demostrado que los centros privados son ocupados en su gran mayoría por la clase alta; la clase media ocupa principalmente los centros concertados-privados y la clase baja (y una parte de la media) los centros públicos. Los centros guetos extremos son todos públicos. Detrás de gran parte de la segregación escolar por clase social, según Murillo y Martínez-Garrido (2021), está el bilingüismo, ya que los centros bilingües -al igual que los centros privados y concertados- asumen a un alumnado con un nivel socioeconómico mayor y la política de admisión del alumnado, basada en el distrito único.

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Ahora pasaremos a describir el modelo madrileño educativo, como laboratorio de las políticas neoconservadoras en España.

El Modelo Madrid. Medidas de cuasi-mercado para segregar

La Comunidad de Madrid es el laboratorio de las políticas neoliberales y neoconservadoras del PP, que son similares a las de otras derechas autonómicas (antigua CIU, CC, etc.), pero con diferentes grados de intensidad. No sólo ha sido el laboratorio de las privatizaciones y externalizaciones en varios ámbitos, sino que se ha convertido en el oasis fiscal que beneficia a las clases alta y medio-alta. El clasismo impera en gran parte de la legislación del PP en la Comunidad, un ejemplo de ello es la fuerte apuesta que realiza el PP por la concertada-privada y la privada, como luego veremos. Madrid, aprovechando su capitalidad, se ha convertido en la aspiradora de los talentos y recursos de una parte de nuestro país. Las principales víctimas han sido las dos Castillas, Asturias y Extremadura, por consiguiente, una parte de la llamada “España vaciada” (a excepción de Extremadura). La Comunidad de Madrid ha aprovechado su centralidad en nuestro país para realizar dumping fiscal, a la vez que aplicaba generosos recortes de impuestos que han beneficiado, sobre todo, a las clases antes mencionadas.

En el caso de la educación, el Gobierno de la Comunidad ha realizado una fuerte apuesta por “la libertad de elección” de los padres y madres respecto al modelo educativo. Para ello han fomentado varias medidas: 1. La instauración de medidas de cuasi-mercado para elegir centro, que sólo beneficia a aquellas clases que se pueden permitir mover al alumno/a de barrio. 2. El fomento de rankings entre los niveles académicos del alumnado a través de los resultados de las pruebas LEA (2º Primaria), CID (6º de Primaria), las realizadas en 3ºESO, los exámenes de inglés (en el caso de ser un centro bilingüe) y las notas de Selectividad de cada centro. El objetivo es que los padres y madres pueden consultar dichos resultados para elegir un buen centro y poner a los centros a competir por el mejor alumnado[1].

Como es natural, la competición está trucada, mientras los centros privados y concertados escogen a su alumnado (salvo honrosas excepciones), el alumnado desaventajado se concentra en los centros públicos que han sido víctimas de una década de recortes. En Madrid estudia el 54,3% (datos 2022) del alumnado matriculado en la Comunidad en centros públicos, mientras que concertados y privados matriculan al 45,7% del alumnado. Es llamativo al compararlo con Andalucía, donde los centros públicos matriculan al 72,4% o en Extremadura, donde matricula al 80,1%. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla anterior, la pública acoge a casi tres veces más extranjeros que la privada y la concertada (72,56% frente a 27,43%).

Número de alumnado extranjero por titularidad de centro y tipo de estudios

Alumnado por centro según titularidad Total E. Infantil (2) E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato (1) FP Básica FP de Grado Medio (1) FP de Grado Superior (1) Otros programas formativos (2)
Todos los centros 159.985 32.526 60.375 866 31.616 9.072 2.100 4.500 5.145 6.785
Centros Públicos 111.014 23.695 44.695 718 21.044 6.724 1.550 2.930 3.171 6.487
Centros Privados 41.971 8.831 15.680 148 10.572 2.348 550 1.570 1.974 298
Datos obtenidos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Curso 2019-20.
  • Incluye al alumnado de los cursos a distancia de la FP y el Bachillerato y los cursos de adultos
  • Incluyo otros programas formativos, enseñanza en idiomas, enseñanzas deportivas y enseñanzas artísticas.

La inversión en educación tampoco se ha recuperado desde 2008, pero sí la inversión en la concertada, donde, en la actualidad, perciben 1.018.928,5 euros de financiación. Si en 2008 suponía el 14,9% (776,5 millones) del total de la partida educativa, una década después ha escalado hasta el 19,7% (1.018 millones), según datos del Ministerio de Educación. No añadimos el año 2020 porque se produjo un aumento de los presupuestos vinculados a los fondos COVID que provocan subidas anómalas y de difícil comparación.

Gasto público en Educación por cobertura económica, tipo de administración y período.

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Datos extraídos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2008-18).

Financiación de los conciertos de la CAM

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Datos extraídos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2002-18).

Como podemos comprobar en la tabla anterior, la financiación en conciertos en la Comunidad de Madrid no ha dejado de subir desde 2002, incluso durante la mayor parte de los años de la crisis de 2008, lo que demuestra una clara apuesta por parte del Ejecutivo popular por este tipo de educación y el poco interés por sostener el sistema público, provocando la creación de un sistema dual en la educación madrileña: una enseñanza para los menos favorecidos y parte de la clase media (educación pública, con algunas excepciones de “centros de élite”) y una enseñanza para los favorecidos de la sociedad y la otra parte de la clase media.

Por otro lado, en 2018, Madrid todavía no había vuelto a los niveles de gasto público en educación previos a la crisis: 5.219 millones frente a los 5.283 de 2008. Es la región que menos invierte, pero está a la cabeza en la financiación que se dedica a la concertada respecto al presupuesto. Los colegios con concierto tienen un peso inusual en la financiación global: se llevan un 19,7% de la inversión anual, cinco puntos por encima de la media en España.

La extensión descontrolada del bilingüismo en la Comunidad de Madrid también ha ayudado a este proceso. En 2017 había 515 centros públicos funcionando con este modelo: 365 colegios y 150 institutos. Los centros bilingües han presionado sobre los centros no bilingües cercanos al poder dar un “valor añadido” al alumnado que cursaba estudios en él. Frente al centro monolingüe puede provocar que este trate de competir convirtiéndose en bilingüe, bajando la calidad de la enseñanza, ante la tesitura de perder alumnado, un alumnado, normalmente, de clase media cuyos progenitores quieren que sus hijos/as tengan esa ventaja comparativa demandada como requisito para poder acceder a muchos puestos de trabajo.

Las consecuencias de las medidas de cuasi-mercado en el acceso al sistema de enseñanza, junto a la segregación residencial, han producido un desembarco de una parte no menor del alumnado hacia la enseñanza concertada-privada, a costa de la pública, y privada, provocando un alto nivel de segregación escolar por clase social. Sería una mutación del “White flight” de los EEUU en una especie de “middle class flight” hacia los centros de titularidad privada. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más segregada de España, y si fuese un país europeo sería la segunda en segregación escolar por clase social, sólo adelantada por Hungría, calculado a través del índice Gorard de acuerdo a los datos de PISA 2015 (Murillo, F.J., y Martínez-Garrido, C., 2017). En las reformas con las que se implantó la zona única se produjeron cambios que aumentaron la segregación escolar, como afirma Lucas Gortázar, Mayor y Moltanbán (2020): “se pasó de un sistema basado en ingresos a otro que se baremaba sobre una situación administrativa de recepción de ayudas y eso dejó a mucha gente fuera”. Esto produjo la caída de un 15% del alumnado que podía verse beneficiado por dichos incentivos. Aguirre y Garrido aumentaron los puntos por tener y/o haber tenido familiares en el centro, dando ventaja a los alumnos/as que habían tenido familiares en dicho centro. La suma de estas dos medidas disparó la segregación hasta un 13% (Gortázar, Mayor y Moltanbán. 2020). Tuvo también, como consecuencia, la concentración de alumnado inmigrante (13%) y un efecto de agrupación de menores con padres y madres de nivel educativo bajo (un 3% más).

Otras medidas clasistas del Gobierno del PP en Madrid son: 1. Desgravar IRPF por comprar uniformes de alumnos/as (que son casi todos de la privada y concertada), de modo que se ayuda a ahorrar dinero a los más pudientes. 2. Equiparación salarial mediante complementos a los docentes de la concertada respecto a los docentes de la pública. 3. Los cheques escolares destinados a alumnado con menos recursos para que puedan estudiar Bachillerato en la privada y en la concertada (9 millones de presupuesto en 2020, el doble que en 2019). Esta medida tenía como finalidad, supuestamente, que el alumnado de la concertada-privada que quisiera seguir cursando Bachillerato en su mismo centro, pero que no podía permitírselo, pudiera hacerlo. Gracias a ello no se veía obligado a acabar con el alumnado de la pública. Una parte de esta partida ha acabado sufragando estudios en la privada (unos 176.787 euros repartidos entre 67 alumnos/as y 15 centros privados) a costa del erario público a la vez que se recorta en educación pública. Es preciso destacar que el alumnado de la pública no tiene derecho a acceder a dichas ayudas. La idea es llegar a los 9 millones de euros en este programa, ya que se va a incluir también en 2º de Bachillerato, pretendiendo llegar a 1500 alumnos/as repartidos en 165 centros. 4. El Gobierno de Díaz Ayuso recortó 25 millones de euros a las becas que sufragan, mayoritariamente, parte de los estudios de los que más lo necesitan. 5. Supresión de numerosas aulas en la pública (en Bachillerato se han perdido 106 unidades públicas). 6. El acuerdo PP-CS, en su punto 21, reza que: “Impulsaremos la extensión progresiva del Cheque de Educación Infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados”. 7. La última medida ha sido dar becas a los que más tienen, provocando un efecto regresivo con dichas becas, que más que becas son pagas para ricos.

CCOO ha denunciado estos hechos aportando los siguientes datos: “La crisis ha sido la excusa para llevar a cabo una política privatizadora: no hay recursos para las inversiones en la red pública, que descienden en un 58,1% a pesar del crecimiento de su alumnado; y sí lo hay para los conciertos y el cheque escolar que suben en un 28%, superando los 1.100 millones de euros en 2018.”

La CAM también cedió terrenos para la construcción y ampliación de 45 centros educativos concertados de manera ilegal. Esta práctica se legalizó posteriormente, en 2013, a través de la aprobación de la LOMCE por el Ministerio de Educación dirigido por Wert. La concertada fue la gran apuesta de Esperanza Aguirre[2] y sus sucesores en el Gobierno de Madrid. Su número dos, Francisco Granados, llegó a cobrar “mordidas” de 900.000 euros y 1,2 millones a cambio de ceder suelo público para construir colegios concertados en varios municipios de la región. En esa época (hasta 2011, cuando Granados fue imputado por corrupción en la Operación Púnica) se construyeron 90 centros concertados en toda la Comunidad. De hecho, la norma permitía ceder suelo público para construir centros concertados a empresas que aún no existían. El actual Ministerio de Educación ha eliminado el polémico artículo 116 manteniendo la redacción original de la LOE que prohíbe estas prácticas.

En general, esta práctica ha beneficiado principalmente a centros dependientes de la Iglesia, con la que el PP pretende que recupere parte de la influencia social que ha perdido en décadas de secularización. Hay que recordar que también existen centros concertados y privados de tipo lingüístico (Colegio de Alemán, el Liceo francés, Trinity Collegue, etc.), Colegio Europa o los adscritos a alguna corriente pedagógica como la Montessori, o, las menos, algunas cooperativas de docentes, pero son una minoría en comparación con los dependientes de la Iglesia.

Recordemos que la Comunidad de Madrid escolariza al 14,8% del alumnado total en España, un número nada despreciable de estudiantes, que viven en el sistema más segregado de nuestro país.

En la CAM el alumnado más pobre tiene, conigual rendimiento, cinco veces más probabilidad de repetir curso que los de más recursos. Los resultados en matemáticas de PISA 2018, muestran que la CAM es la comunidad menos equitativa de toda España. Se trata, además, de la segunda comunidad autónoma donde más impacta el nivel socioeconómico sobre el rendimiento en matemáticas, que ha empeorado desde 2015. La Comunidad de Madrid es la comunidad de España con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico, que sigue aumentando con respecto a los datos de 2015, lo que es un “éxito” de las políticas neoliberales y clasistas del Gobierno del PP, y sus aliados parlamentarios (la extinta CS y VOX).

Universidad, matrículas (grados y másteres)

En el caso de la universidad, la CAM apostó desde el “tasazo” de 2012-13, promovido por el Ministerio Wert, que implicó subidas del 15% al 67% en los precios de las matrículas. El Gobierno decidió, junto a Cataluña, subir el máximo, un 67%, y acercar los precios a los de las universidades privadas, de manera que muchos alumnos/as dudasen si entrar en una universidad pública, degradada y masificada, o en una privada con menor número de alumnos/as y mejores contactos con las grandes empresas. Los másteres no habilitantes también subieron hasta un 46% (2015).

El precio de un grado en España antes y después del “tasazo”

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Datos extraídos de este artículo que han sido obtenidos del MECD.[3]

Los costes de grados y másteres en Madrid, junto a Cataluña, eran de los más caros de España durante el período de gobierno del PP, hasta la llegada de Manuel Castells al Ministerio de Universidades, llegando a triplicar los precios de las comunidades más baratas.

El precio de un máster en España, antes y después del “tasazo”

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Datos extraídos de este artículo que han sido obtenidos del MECD.

Tras las reducciones de tasas promovidas en el Gobierno del PSOE y UP, que ya se han aplicado,  se ha instado a los gobiernos autonómicos a reducir las tasas y se han derogado las horquillas impuestas por el PP, con la intención de reducir la brecha existente de precios en España a la baja. La Comunidad de Madrid y la de Cataluña son las que más han bajado por el acuerdo del Ministerio.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, las universidades privadas crecieron en cuatro, hasta las nueve actuales (más centros extranjeros autorizados), durante la crisis económica. En gran parte por la reducción de requisitos para poder establecer una universidad privada aprobada por el Ministerio Wert.

 

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Fuente: Gráfica de elaboración propia realizada con los datos obtenidos aquí

Conclusión

El modelo del PP en educación, donde Madrid es su laboratorio de pruebas, es un modelo clasista, elitista, con cierto racismo de baja intensidad, que busca estratificar la sociedad lo máximo posible y cumplir “el efecto Mateo”: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. El modelo impulsado por el PP tiene cuatro pilares: el bilingüismo, la apuesta por la escuela concertada (sostenida con fondos públicos), la libertad de elección y la “excelencia”. Como hemos visto, estos factores suponen el desvío de fondos del sistema público hacia los conciertos, medidas de cuasi-mercado a la hora de escolarizar al alumnado, que junto a la segregación residencial y el bilingüismo favorecen la segregación escolar por origen social y nacional, el fomento de la escuela concertada-privada religiosa (aunque no sólo), para que esta recupere influencia en una sociedad cada día más secularizada, el impulso para la aperturade la educación al mercado, abriendo interesantes cuotas de negocio bien regados por fondos públicos y aderezados con condimentos de la corrupción del PP a las empresas privadas educativas, reducción de becas a quienes más lo necesitan, etc.

Este modelo no sólo ha sido aplicado por el PP en Madrid; CIU o CC han aplicado modelos similares en Cataluña y en Canarias. No es casualidad que las tres comunidades autónomas más segregadas socialmente sean Madrid, Cataluña y Canarias. Es cierto que tras las recomendaciones del Sindic de Greuges y el acuerdo en 2019 se ha reducido levemente la segregación en Cataluña y existe un debate sobre las causas y consecuencias de este fenómeno en la comunidad.

Las consecuencias de las políticas públicas aplicadas por determinados Gobiernos de diversas CCAA (fundamentalmente de la derecha), es la segregación escolar (fundamentalmente) por clase social. Con la política segregadora se pretende: 1 Reproducir el sistema de clases sociales y sus privilegios, cerrando el camino a la mayor parte de las clases populares. 2 Encubrir la implementación de estas políticas que impulsan la desigualdad de oportunidades con el discurso de la excelencia y de la meritocracia. 3 Abrir el campo de la educación, aún más, al negocio privado, donde se permite a la Iglesia Católica (y a otras empresas privadas del sector), no sólo acumular capital, sino aumentar su influencia social que declina en otros ámbitos de la sociedad. 4 Dividir a las clases sociales en compartimentos estanco, produciendo una estigmatización de los colectivos sociales vulnerables (pobres, inmigrantes, etc.), por parte padres y madres que pretenden que sus hijos/as asciendan socialmente, intentando evitar que pasen tiempo y compartan clase con estos alumnos considerados “indeseados”. Esto provoca una menor comprensión o empatía hacia los más desfavorecidos, lo que puedetener una influencia difusa en el rechazo a políticas en favor de los colectivos desfavorecidos. También se podría considerar clasismo y racismo de baja intensidad, que van unidos de la mano porque el rechazo al inmigrante viene de la mano de ser pobre (aporafobia).

O la izquierda decide repensar qué tipo de sociedad quiere construir y, por consiguiente, que tipo de educación quiere implementar, o tendrá soluciones parciales a problemas estructurales, mientras que la derecha tiene clara qué sociedad y qué sistema escolar debe poner en marcha para lograr dicha sociedad. La Comunidad de Madrid es ese laboratorio. Hay que estudiarla para poder combatirla. Nos va el futuro en ello.

[1] Ranking de la Comunidad de Madrid: https://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm.

[2] Un dato curioso es que Aguirre aprobó la construcción de un CEIP en Barajas, inaugurado en 2015, que se llama “Margaret Thatcher”, madre política del ataque neoconservador al Estado del Bienestar en Gran Bretaña. Ironías de la política ultraliberal de la CAM de manos del PP.

[3] Datos desagregados por CCAA disponibles aquí.

Texto realizado a partir del informe ‘La segregación escolar, las desigualdades educativas y el modelo educativo de la derecha en España’, elaborado por el autor para la Fundación 1º de Mayo.

Por Pedro González de Molina. Profesor de Geografía e Historia. Ex secretario de Educación y Formación de Podemos Canarias. Militante de CCOO.

Referencias

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